Estas dos personas se han sentado este lunes en el banquillo de los acusados, en la Audiencia de Valencia, junto a un funcionario y un exinterventor de Benirredrà, por un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos. El ministerio fiscal reclama para las dos primeras y para el funcionario una pena de seis años de prisión, mientras que pide tres años para el exinterventor.

Los hechos cuestionados se desarrollaron entre los años 2007 a 2011 con la contratación por parte de las dos exalcaldesas -primero la del PP y después la del PSPV- de varios servicios de asesoramiento y contabilidad a Asesores Económicos Públicos, entidad creada por el funcionario en la que aparecía como administradora su hija.

Este funcionario, Rafael Parra, trabajaba en el Ayuntamiento de Chiva y fue interventor en el Consorcio de Museo de la Generalitat. Según el fiscal, creó la sociedad y era él quien la dirigía. Carecía de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social pese a que en los mismos periodos de tiempo realizaba facturaciones a otros consistorios en idénticas circunstancias, "sin ningún tipo de expediente administrativo, contrato escrito y con total abandono de la normativa administrativa", advierte el ministerio público.

El funcionario, además, "ocultaba" su cargo, recoge el mismo escrito de acusación, y ni solicitó ni obtuvo ninguna compatibilidad administrativa para el ejercicio de sus actividades privadas, ni por parte de la Generalitat, ni por parte del Consorcio ni del Ayuntamiento de Chiva.

Entre 2007 y 2011, las exalcaldesas le encomendaron al funcionario -"conocedor de la normativa"- varios trabajos "de forma verbal, sin establecer precio alguno ni constancia escrita de lo que se estaba contratando, objeto, condiciones o duración". En definitiva, relata el fiscal, "sin tramitar expediente de contratación alguno".

UNOS 100.000 EUROS

El total abonado en los años 2008, 2009 y 2010 ascendía a 98.800 euros más IVA, lo que hacía un coste medio anual de 32.266,66 euros y representaba un 13,22% del total del gasto de naturaleza corriente de liquidación del presupuesto municipal de 2014. Y la deuda que presenta el Ayuntamiento de Benirredrà, pese a contar supuestamente "con tan amplio" asesoramiento económico, alcanza los 407.000 euros.

Al respecto, la exalcaldesa 'popular', quien ha puntualizado en diversas ocasiones que es empleada de una notaría desde los 19 años, ha explicado que cuando llegó al consistorio, de la mano del PP, observó un "desastre financiero" y una compañera de partido, de Real de Gandia, que había pasado por algo parecido, le habló de un convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, lo estudió y le pareció una buena solución recurrir a él.

De esta forma ha explicado que conoció a Parra y se le pidió un presupuesto para un informe económico, que ejecutó y se le abonó. Ha indicado que para el mismo no se realizó ningún tipo de contrato: "Entiendo que el contrato era la propia factura". Preguntada por si no se planteó sacar a licitación este trabajo, ha indicado que tenía "mucha presión" por proveedores que querían cobrar y "era una necesidad, una urgencia".

Tras este primer trabajo se realizaron más encargos a Parra y la exalcaldesa los ha justificado en que estuvieron unos meses sin interventor y necesitaban a una persona que les llevara el control económico. Sobre los mismos, la ex primer edil, quien ha afirmado no ver nada "raro", ha señalado que había facturas y los trabajos "se presentaban en los plenos".

"Me ví acorralada y con una necesidad que no sabía por donde tirar", ha agregado, y ha puntualizado, preguntada por la inexistencia de sellos en algunas facturas, que ella estaba en su despacho y "con las facturas imagino que todo es correcto y legal. Si no llevaban sello imagino que sería por un error de trámite pero sin mala intención", ha apostillado.

"DE MANERA IMPOLUTA"

Por su parte, la exalcaldesa socialista ha explicado que cuando accedió al consistorio se percató de que el presupuesto de 2009 estaba por ejecutar y que había deuda con proveedores. El interventor, en ese momento, les aconsejó contratar a una consultoría externa para poner al día los datos económicos y recurrieron a Parra porque ya había trabajado con el Ayuntamiento. "Estuvo trabajando de manera impoluta y venía avalado por la Federación", ha apostillado.

"Pensábamos que iba a trabajar puntualmente hasta poner al día la situación económica del Ayuntamiento", ha aseverado, y ha puntualizado que con la puesta al día prescindieron de sus servicios.

En esta línea, Parra, quien únicamente ha respondido a las preguntas formuladas por su letrado, ha indicado que con el consistorio se encargaba de "la llevanza de la contabilidad, la formación de expedientes administrativos, asistencias a plenos y me encargaba de la relación con los bancos y acreedores por las deudas".

Parra ha señalado que "en ningún momento" ha ocultado que era funcionario público y ha destacado que "en absoluto" ha emitido facturas por trabajos no realizados. Ha negado un acuerdo con las ediles para que le contratasen y ha subrayado que cuando dejó de trabajar para ellas "había una estabilidad financiera bastante buena" en el consistorio.