A 31 de diciembre de 2018, el tres por ciento de la población española necesita apoyos más intensos para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, indicando que Andalucía se encuentra en una situación "preocupante en cuanto a atención de sus dependientes y sus familiares".

En agosto pasado se contabilizaban 396.603 solicitudes, encontrándose en el principio del trámite para obtener servicios-prestaciones, donde la provincia de Málaga presentó 64.990 demandas, la segunda seguida de Sevilla.

En el caso de la provincia malagueña, según la moción de Adelante al pleno de la Diputación del próximo miércoles, consultada por Europa Press, hay una "clara feminización de la demanda", donde el número de mujeres (41.234) casi duplica el de hombres (23.756).

El intervalo de edad que presenta un mayor número de solicitudes es la franja de 80 años y más, con 28.514 personas/familias, se precisa en el documento, que añade que esa dependencia no se da sólo en personas adultas sino que hay menores que también la presentan, con 4.105 solicitudes de entre tres y 18 años y 153 solicitudes para menores de tres.

En la moción, las diputadas provinciales de Adelante Teresa Sánchez y Maribel González inciden en que si se atendiera a las 270.000 personas en espera, "simplemente cumpliendo la ley", se generarían más de 75.000 empleos directos, que se sumarían a los 220.000 actuales.

Por todo ello, se insta a que la Junta priorice en la atención a personas con reconocimiento de situación de Grado II dependencia severa y Grado III gran dependencia en la atención de servicios yprestaciones; y a la promoción en la acreditación y agilidad en la concertación de plazas residenciales y centros de día y de noche, respondiendo a la necesidad de aumento de las mismas, enatención a personas mayores y especialmente a personas con discapacidad ante la falta de plazas o inexistencia de determinados perfiles.

Las diputadas provinciales solicitan la atención a los menores de seis años reconocidos con la dotación de servicios en Centros de Atención, Terapia ocupacional, etcétera junto con una prestación económica para cuidados en el entorno familiar que es la que se suele conceder.

Igualmente, reclaman, tal y como se precisa en la moción, cumplir con el desarrollo de los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia y aumentar la dotación presupuestaria en la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de personas mayores y personas con discapacidad en el ámbito de la Consejería para el año 2020.

Asimismo, aumentar el precio del Servicio de Ayuda a Domicilio, a través de los convenios de colaboración suscritos entre la Administración autonómica y las corporaciones locales, aumentando el precio por hora a 16 euros, promoviendo la viabilidad del servicio con garantías de calidad, cumplimiento de convenio colectivo y mejora de la calidad laboral del personal de auxiliares de Ayuda a Domicilio.

También plantean que se promueva la cualificación y formación de las personas que realizan el servicio de Ayuda a Domicilio, "poniendo en valor su profesionalidad ante las tareas encomendadas".

En su moción también exigen al Gobierno central futuro el cumplimiento del Pacto de Estado de la Dependencia e impulsar uno con las comunidades autónomas "para acabar en 2020 con la desatención a las personas con grados III y II de dependencia, de manera que se asegura que esa desatención no supere el diez por ciento en ningún territorio" cuando concluya el próximo año.

Asimismo, las diputadas exigen al Ejecutivo que se evalúa el "impacto negativo de género que pueda estar teniendo la feminización de los cuidados", recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social en el convenio especial de cuidadoras no profesionales y valorar el sistema de autonomía y atención a la dependencia "como inversión social".