En concreto, el texto de la Fiscalía manifiesta que el encausado, G.B.R., "con ánimo de menoscabar la salud pública" y a través de "su número de teléfono", contactaba con compradores de sustancias estupefacientes, generalmente cocaína y hachís. Más tarde quedaba con ellos para la entrega de las substancias en un lugar de Santiago, prosigue el documento.

Por su parte, G.B.R. ha argumentado que nunca llegó a quedar con esas personas para comprar droga y que todo lo que consumió, "cocaína esporádicamente y hachís", fue porque se lo dieron. Además, ha precisado que en sus conversaciones y mensajes con los otros acusados hablaban de hachís y no de cocaína.

Sin embargo, los testigos policiales que han acudido al juicio han manifestado que el lenguaje que utilizaban los implicados suele referirse a cocaína y no hachís, "cuando se habla de hachís suelen utilizar la palabra 'chocolate' en vez de 'libro'", que es el recurso más repetido en los mensajes que intercambiaron.

Ante todo esto, el acusado ha sostenido su inocencia, ya que "nunca llegó a comprar la droga", solo la consumió "en una mala etapa" de su vida. En este sentido, la defensa ha añadido que con los argumentos de la Fiscalía "no ha quedado acreditado que realmente adquirió la droga" y considera "desproporcionada" la pena de cuatro años.

CASO

El caso ha quedado visto para sentencia y forma parte de una causa en la que hay 15 implicados. Según el escrito del Ministerio Público, recogido por Europa Press, desde junio de 2015 y hasta mayo y junio de 2016, momento en el que fueron detenidos, los encausados contactaban por teléfono con suministradores y compradores de estupefacientes, generalmente cocaína y hachís, con los que más tarde quedaban en Santiago o en el domicilio de alguno de ellos.

Así, para 12 de los acusados, entre los que se encuentra G.B.R., la Fiscalía ha solicitado cuatro años de cárcel. Además, para la mayoría se pide una multa de 100 euros, aunque para algunos de ellos esta cuantía asciende a casi 37.000 euros.

De igual modo, para otros tres acusados -A.G.G., JA.G.Q. y A.N.B- que ya contaban con antecedentes penales se solicitan seis años de prisión con multas entre los 100 y los casi 10.000 euros.

Asimismo, Fiscalía pide el decomiso de los tres vehículos utilizados para estas actividades ilícitas, así como los móviles, dinero y otros efectos que les fueron incautados.