Así se ha manifestado este miércoles Casado en València, en atención a los medios tras el Acto Institucional por el 9 d'Octubre (Día de la Comunitat Valenciana) en el Palau de la Generalitat. El líder 'popular' ha pedido "respuestas" a Sánchez sobre esta cuestión a raíz de una información del periódico ABC que afirma que unos manuscritos aparecidos en el municipio, según el diario, probarían cómo el PSOE controlaba los votos casa por casa ofreciendo trabajo en el Ayuntamiento.

Para Casado, esta situación es "algo terrible que no se veía en España desde la época de Romanones", y ha asegurado que los manuscritos se han encontrado "porque cambiaron las cerraduras de los despachos", y que los implicados "intentaron volver a seguir destruyendo".

"Esto es lo que ya sospechaba toda España, que en la Junta de Andalucía, con los gobiernos de Chaves, Griñán y Susana Díaz había una red clientelar que compraba con dinero público los votos de sus vecinos", ha manifestado.

Casado ha asegurado que Sánchez "no puede eludir esta situación", y le ha instado a "responder qué pretende hacer con estas personas implicadas en la compra de votos a cargo del erario público".

COMISIÓN DE LA FAFFE Y ERES

Para el líder 'popular', esta situación se suma a la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía sobre la gestión de la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en la que están llamados a declarar los expresidentes andaluces socialistas Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

"La señora Díaz va a tener que explicar por qué los cursos de formación para parados también se utilizaron para comprar voluntades políticas". Esto se une al escándalo de los EREs, que se está juzgando con dos expresidentes como Chaves y Griñán", ha aseverado.

Por contra, Casado ha instado a comparar estos gobiernos con el actual de Juanma Moreno (PP), que "en apenas diez meses ha puesto en marcha una comisión de trabajo parlamentaria y una agencia para acabar con esa red de 5.000 millones defraudados que ya afecta, según instrucción judicial a 500 implicados de partidos políticos de izquierdas y fuerzas sindicales".