Miles de indígenas ecuatorianos llegaron la tarde de este lunes a las afueras de Quito, en una manifestación de protesta contra las medidas económicas impuestas por el Gobierno de Ecuador, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que consideran como un "paquetazo" contra el pueblo.

La llegada de los campesinos, muchos a pie, en autobuses y camiones, se produce en el marco de un descontento generalizado por los ajustes anunciados por el presidente del país, Lenín Moreno, sobre todo el retiro del subsidio (ayuda estatal) y el consecuente incremento del precio de las gasolinas.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), una de las organizaciones sociales más importantes del país, ha llamado a un "levantamiento" progresivo en todo el país, y ha organizado una protesta de sus bases en Quito, que se unirá el próximo miércoles a una movilización de los sindicatos a nivel nacional.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, aseguró este lunes que hasta que no tenga lugar la gran marcha, no habrá diálogo con el Gobierno y que se trata de "una lucha conjunta con los sectores sociales en defensa de los grandes intereses del pueblo ecuatoriano".

Entre las disposiciones adoptadas por el presidente Lenín Moreno en el contexto de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), figuran la eliminación del subsidio a los carburantes y que ha supuesto a los colectivos sociales en pie de guerra ante el encarecimiento de toda la producción y los precios.

En relación a la retención de un grupo de militares por parte de grupos de una provincia andina, Vargas aseguró que "están comiendo bien y haciendo deporte", sin arrojar detalles sobre el número de uniformados en esa situación y se limitó a aclarar que su liberación está en manos de la autoridad comunitaria y no de la Conaie.

El presidente ecuatoriano les llamó el domingo por la noche en un tono vehemente a regresar a la mesa de diálogo y aseguró que su Gobierno no va a permitir situaciones de violencia como la de los últimos días.

Al margen de las declaraciones políticas, sobre el terreno los cortes de carrera, concentraciones y saqueos han continuado. Así en la provincia andina de Cotopaxi, una industria florícola y otra lechera fueron objeto este lunes de actos de vandalismo y saqueo.

También carreteras que conducen a Quito y al aeropuerto internacional Mariscal Sucre, fueron bloqueadas con la quema de neumáticos y volquetas, en el sector de Carapungo, o piquetes en Calderón y San Miguel del Común.

En la ciudad costera de Guayaquil, considerada centro económico del país, una marcha de taxis impidió la normal circulación por una de las vías más importantes, la del malecón. Y en las redes abundan los vídeos de saqueos ocurridos el fin de semana en mercados como el de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Este lunes por la noche, manifestantes indígenas consiguieron capturar un vehículo blindado del Ejército en una carretera del sur de Quito y después le prendieron fuego y lo arrojaron por una cuneta. El blindado se encontraba en las afueras de la ciudad como parte de un contingente cuando "un grupo de los manifestantes que se acercan a la capital para unirse a las protestas tomaron control" del vehículo, informó el diario El Comercio.

A pesar de que el Gobierno trata de reflejar una aparente calma y un progresivo control de la situación en sus diferentes comunicaciones, el hecho de que la Fuerza Aérea esté desarrollando puentes aéreos para trasladar productos a los mercados, como es el caso de la sureña ciudad de Cuenca, pone de manifiesto que cinco días de protestas han provocado desabastecimiento de productos.

El secretario particular de la Presidencia ecuatoriana, Juan Sebastián Roldán, pidió este lunes prudencia a los dirigentes indígenas y acusó de los recientes sabotajes el "correísmo organizado".

"Quienes están haciendo eso querían llevar al Ecuador a Venezuela, esto es el correísmo organizado", cargó el alto cargo contra grupos afines al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Informó de que 467 personas fueron detenidas en el marco de las manifestaciones y disturbios, entre los que se incluyen algunos que intimidaron a otros ciudadanos por mirar pasivamente las marchas y no sumarse a las movilizaciones.

La ONU ha pedido a las autoridades de Ecuador que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarte pacíficamente y subrayó que cualquier uso de la fuerza debe ser "proporcionado".