El Gobierno de Ecuador aplicó este jueves el estado de excepción por las protestas de varios sectores sociales y el bloqueo de carreteras por parte de los transportistas debido a la subida del precio de los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con el fin de velar por "la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional", dijo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, desde el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.

El anuncio lo hizo en momentos en que arrecian las manifestaciones, especialmente en la capital ecuatoriana, en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles.

"Los derechos se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país, la generación de trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas", señaló el gobernante.

La ministra del Interior, María Paula Romo, comentó en rueda de prensa que la paralización del transporte se cumplió "de manera parcial" y obligó al Gobierno a suspender las clases de escuelas y colegios para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Cerca de 200 personas fueron detenidas durante la jornada de disturbios y protestas de este jueves en el país, en su mayoría en la ciudad costera de Guayaquil, donde hubo saqueos, según la ministra del Interior.

Romo precisó que las fuerzas de seguridad arrestaron a 195 sospechosos, de los que 150 fueron detenidos en Guayaquil, "en su mayoría asociados al robo y vandalismo". "En este tipo de actos no está en discusión el subsidio (a los combustibles) o la reforma laboral", afirmó la ministra antes de subrayar que son hechos "plenamente delictivos".

En diferentes sectores de Guayaquil, capital económica del país, se produjeron altercados y saqueos a comercios y establecimientos públicos ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad de garantizar el orden, lo que obligó a numerosas tiendas a echar el cierre para evitar robos masivos.

En Quito, el centro histórico se convirtió en un campo de batalla entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que emplearon medios antidisturbios e hicieron cargas para dispersar a los concentrados.

Romo también precisó que decenas de policías resultaron heridos en las protestas y mencionó que en la Gobernación de la provincia andina de Imbabura los manifestantes causaron destrozos, así como en el acceso del Ministerio de Turismo, en la capital.

"Es el deseo del presidente y de todos los ecuatorianos recuperar la calma cuanto antes y recuperar el orden para volver a trabajar y a producir", dijo la ministra, recordando que suspender los servicios públicos es un delito, penado con entre 1 y 3 años de prisión.

Sobre el estado de excepción, el titular de Defensa, Osvaldo Jarrín, comentó que busca restituir el orden y la seguridad pública y ciudadana. "El estado de excepción presupone garantizar el desarrollo de las actividades sociales, económicas de la población, lo que significa su movilidad, su seguridad, sus derechos, sus libertades", señaló Jarrín, quien precisó que se establecerán acciones por parte de las autoridades "cuando se interrumpa el orden vigente".

Romo, por su parte, aseguró que la decisión del jefe del Estado no busca restringir la movilidad de los ciudadanos ni limitar sus actividades y autoriza "el empleo coordinado de la fuerza de la Policía y Fuerzas Armadas, en los casos que sea necesario para movilizar y despejar las vías".

Durante la jornada, cientos de estudiantes universitarios rompieron las vallas de seguridad que cercaban los alrededores de Carondelet y se enfrentaron a unidades antidisturbios de la Policía, que emplearon gases lacrimógenos.

En el norte y sur de la capital también hubo bloqueo de avenidas en las que los manifestantes quemaron llantas y palos, que los policías intentaban despejar una y otra vez.

Esa situación se repitió en varias ciudades en las que los indígenas se sumaron a la protesta de los transportistas que rechazan la eliminación de los subsidios, que estuvieron en vigor durante cuarenta años.

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), rechazó el decreto de estado de excepción y aseguró que mantendrán sus protestas. "Nuestro rechazo frontal a esta declaratoria porque eso es ir en contra de los derechos del pueblo ecuatorianos", dijo a Efe al asegurar que convocarán a una "movilización indefinida".

Por su parte, Lenín Moreno reiteró este jueves la apertura al diálogo y dijo que en su administración siempre estarán "dispuestos a ceder espacios que no comprometan, bajo ninguna circunstancia la ética y la moral y la transparencia con la que se ha conducido siempre este Gobierno".