Además, la acusación popular que representa a los grupos municipales de Izquierda Unida y Partido Popular en el Ayuntamiento de Puertollano ha dirigido este miércoles sus preguntas para esclarecer si la obra podría considerarse como una "unidad funcional", si hubo determinadas empresas "encaminadas" a ejecutar las obras desde el primer momento de la planificación, así como las circunstancias de la contratación de los responsables del proyecto y ejecución.

El primero de los testigos citados ha sido la arquitecta que redactó el proyecto completo, María Luisa Calvo del Valle, quien ha relatado que también fue propuesta por Eugenio Ángel Manso para llevar a cabo la supervisión facultativa de las actuaciones sin que en sus competencias estuviera la decisión de la fragmentación de los expedientes.

Calvo ha aseverado que la división de expedientes no era competencia suya y que desconoce quién tomó la decisión técnica, aunque ha reconocido que en determinadas circunstancias, sobre todo por la premura en la ejecución, podría estar justificada técnicamente la adjudicación a varias empresas "en paralelo", así como la realización modular de las obras para destinar a uso público una parte de ellas en caso de necesidad.

También, y a preguntas de la acusación popular, ha especificado que las obras de cimentación adjudicadas a Navarro Piquer se acometieron de una manera constante y "de una sola vez".

Asimismo ha afirmado que desde el planteamiento de la ejecución de la segunda fase del coso, cimentación y graderío, estuvo en contacto con algunas empresas que, al parecer y en principio, podría entenderse que iban ejecutar posteriormente partes del proyecto, como la empresa de prefabricados de hormigón Norten.

El segundo testigo ha sido el arquitecto técnico jubilado Fernando Sánchez Mora, contratado por el consistorio para la ejecución de la obra, quien ha considerado razonable que el consistorio requiriera sus servicios, tras solicitarle presupuesto, toda vez que fue el encargado de acometer la primera fase del proyecto (los edificios de chiqueros y dependencias de servicios realizados en 2004 con planes de empleo) y que obraba en su poder toda la documentación de esta fase. Además, también ha opinado que cabe la posibilidad de que la fragmentación de las obras podría estar justificada por el "factor tiempo".

Por su parte, quien fuera jede de Servicio de Urbanismo en el Ayuntamiento de Puertollano, Carlos Fernández de Castro, ha puntualizado que en el momento de los hechos se encontraba de baja por enfermedad.

Otro de los testigos citados ha sido el coordinador de infraestructuras municipales contratado en aquella época como asesor de confianza, el ingeniero de Caminos Francisco Paz, quien ha asegurado que no intervino ni en la elaboración ni en la supervisión de ningún expediente relativo al coso taurino polivalente, una obra de la que se ha desvinculado, ya que, ha indicado, su cometido se centraba exclusivamente en el asesoramiento sobre infraestructuras públicas de comunicaciones y abastecimiento de aguas.

LAS RESOLUCIONES PASARON POR EL PLENO "SIN OBJECIONES"

Ha cerrado la ronda de testimonios el exconcejal Antonio Rodríguez, quien ha matizado que en el otoño de 2007, fecha en que se planteó el proyecto, ya no era concejal de Obras, cargo que había cedido para ocuparse de la Concejalía de Planificación Urbanística.

Por tanto, Rodríguez ha insistido en que no tuvo participación en el proyecto, si bien ha recordado que la plaza de toros se construyó por fases a medida que se disponía de fondos. En este sentido ha afirmado "rotundamente" que tanto los expedientes de modificación de crédito necesarios para financiar el proyecto como todas las resoluciones de Alcaldía pasaron sin objeciones por los departamentos de Intervención y Tesorería, y que fueron aprobados por el pleno de la corporación sin impedimento ni objeción.

La tercera y última sesión del juicio tendrá lugar este jueves con la declaración de más testigos, incluidos concejales de la época, y la formulación de conclusiones de las partes.

La Fiscalía pide una pena de diez años de inhabilitación especial para los tres acusados por presunto delito de prevaricación administrativa. Por su parte, IU y PP solicitan además para el exalcalde Joaquín Hermoso, por presunto delito de falsedad en documento público, seis años de prisión y otro año más por tráfico de influencias. También piden, por falsedad en documento, seis años para Vázquez Calvo y Manso. Para este último añaden un año más por tráfico de influencias.