Según ha informado el PSOE, la resolución, emitida el 20 de septiembre y que eleva a definitiva la expulsión provisional de 22 de julio, señala que dichos ediles, "con su comportamiento, pusieron en peligro el acuerdo provincial entre el PSOE de Córdoba e IU sobre la constitución de los ayuntamientos tras las elecciones municipales", y que cometieron "tres faltas muy graves al vulnerar otros tantos artículos" de los estatutos federales del partido.
En este sentido, la resolución de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE indica que la situación descrita "supone además la comisión de una falta muy grave tipificada en el artículo 89.h", en cuanto a la "actuación en contra de acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido".
Igualmente, conlleva "la comisión de otra falta muy grave tipificada en el artículo 89.e", al "desempeñar cargos públicos sin la autorización expresa de los órganos competentes del partido", y otra "falta muy grave según lo dispuesto en el artículo 89.a", por "indisciplina reiterada en relación con las instancias competentes del partido".
Ante esta resolución del PSOE, la dirección provincial del partido ha afirmado que "los intereses de la mayoría, los intereses del pueblo de Castro del Río deben estar por encima de los particulares", y ha subrayado que "eso es lo que siempre" han "defendido los socialistas".
Por último, desde el PSOE de Córdoba se ha afirmado que "la dirección provincial trabajará con quien encabezó la candidatura el pasado mes de mayo para desarrollar las políticas socialistas y ejercer la oposición" que les corresponde "al gobierno del Ayuntamiento de Castro del Río".
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