"Nunca renunciaremos y, menos, admitiremos un paso atrás en la conquista", expuso el nacionalista en una nota de prensa en la que insistió en que se trata de un "derecho" amparado por la Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y en el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Asimismo, volvió a exigir al titular ministerial que "respete y cumpla" la ley presupuestaria estatal para controlar la evolución de las tarifas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que sancione, si verifica, prácticas de coordinación comercial en materia de precios y de subidas artificiales por parte de las compañías.

Para cumplir en su totalidad con las obligaciones" de la ley de PGE de 2018, Rodríguez recordó a Ábalos su compromiso para iniciar el procedimiento para la fijación de los precios de referencia en las rutas previamente declaradas como Obligaciones de Servicio Público (OSP).

"El 75%, un derecho reconocido, irrenunciable y para siempre de los canarios, no tiene efectos perversos. Lo que puede generar perversidades es el incumplimiento de las leyes y la laxitud de la Administración pública en sus funciones de control de las prácticas comerciales", ha apuntado.

Para el presidente de NC, si Ábalos, desde la entrada en vigor de la bonificación en julio de 2018 "a pesar de sus reticencias", ha detectado incrementos medios de precios del 20% (con evoluciones al alza o a la baja) y presuntas prácticas contrarias a la libre competencia; "debe resolverlo cumpliendo la ley de los PGE de 2018".

También apuntó que la norma estatal contempla tres objetivos; que Fomento establezca un procedimiento de seguimiento de la evolución de los precios en las rutas entre Canarias y el resto del Estado; que la CNMC fiscalice el proceso de construcción de precios con el fin de garantizar la competencia y velar para que las compañías aéreas no establezcan pactos de colusión que incrementen las tarifas; y que el Estado inicie el procedimiento para establecer las OSP, que permiten fijar precios máximos de referencia, que son de obligado cumplimiento para las compañías.

Por su parte, Rodríguez llamó la atención sobre las consecuencias de "demonizar" a los residentes en las islas, que tienen un derecho "reconocido y regulado", al avisarles que se cruzarán sus datos con la declaración de la renta.