Entre las medidas que contempla, la más polémica es la que permitiría prolongar el periodo de reclusión de los 'sin papeles' hasta un máximo de 18 meses,. Así se desprende del preacuerdo pactado por el Parlamento Europeo y la presidencia del Consejo de la UE el pasado 23 de abril.

En España, el plazo máximo de retención actual es de 40 días, por lo que la ampliación incluida en la nueva directiva ha sido calificada de "desproporcionada" por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). "Estamos hablando de una infracción administrativa, no de un delito", ha afirmado Mauricio Valiente, secretario general de CEAR, a 20minutos.

La legislación también establece un plazo de cinco años de prohibición entrada para aquellos 'sin papeles' que sean expulsados, algo que, según Valiente, sólo sirve para "estigmatizar a estas poblaciones sin atender a las circunstancias particulares de cada caso".

Doble rasero

"Con esta directiva, la UE está estableciendo una dualidad en la aplicación de los derechos humanos universales, una ley para los ciudadanos europeos y otra para los de fuera", añade.

Para que la nueva legislación europea entre en vigor se requiere su aceptación por el Consejo de Ministros y por el pleno del Parlamento Europeo, previsto para el próximo junio.