La solicitud la aprobará el Gobierno municipal, que se reunirá este jueves en sesión extraordinaria, para trasladar esta petición al Ministerio de Hacienda, que en caso de concederla se haría efectiva hacia el mes de febrero de 2020.

La concejal de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha confiado en que se conceda esta suma de

dinero al asegurar que no se ha superado el 110 por ciento de endeudamiento, que en caso contrario sería el impedimento para que el ministerio lo concediera, como ocurrió en años anteriores.

Precisamente este viernes vence el plazo para pedir el importe al FIE, que tiene que pasar por un acuerdo del Gobierno de la ciudad. La concejal ha confiado en que se conceda para que el Ayuntamiento pueda acceder a unas "ventajosas condiciones de pago y limpiar lo antes posible los boquetes que ha dejado la gestión de izquierdas".

En rueda de prensa, María Navarro ha indicado que el compromiso del Gobierno de coalición PP-Cs y en concreto de los 'populares' es "contar la verdad y ser coherentes con el programa electoral porque es un acto de responsabilidad con los ciudadanos, que tienen que saber cómo se ha gestionado su dinero en estos 16 años gobernados por la izquierda".

Tras apuntar que entre finales de esta semana y principios de la próxima se conocerá la auditoría, ha precisado que "hoy se da a conocer otro "boquete" que, a su entender, "va a lastrar el futuro de las cuentas municipales".

MALA PRÁCTICA

Ante las cifras "no cabe interpretación alguna" ha aseverado, para añadir que a las sentencias se tendrá que sumar lo que diga la auditoría.

María Navarro ha criticado que los 37 millones de euros en sentencias firmes condenatorias se deben a "una mala práctica al utilizar los tribunales para hacer política como mecanismo de financiación para evitar pagos condenatorios".

Ha tildado la situación de "grave y muy preocupante". "No imaginé el descontrol que he encontrado. Ha sido un caos absoluto y se traduce en un nuevo agujero de 37 millones de euros en sentencias firmes condenatorias firmes que son anteriores a este mandato y que estaban en los cajones".

Entre las sentencias figuran las revisiones de precios de la anterior concesionaria del transporte urbano de autobús, Tuzsa, una de hasta 16 millones de euros; y también las de la contrata de la limpieza viaria que gestiona FCC, que en algún caso es de 2 millones de euros y otra llega hasta los 6 millones más un millón adicional por intereses.

Las sentencias por las concesiones del transporte a los barrios rurales se cifran en 2,3 millones y 750.000 euros de intereses; otra por la limpieza de la Casa Amparo es de más de 60.000 euros; o por el contrato de la grúa municipal, que llega a los 1,5 millones, además de intereses por retrasos en el pago de facturas de limpieza de colegios.

La concejal de Hacienda ha contado que el FIE se pide en 2015 al solicitar 45 millones de euros y el Ministerio concedió todo: en 2016 se piden 45 millones pero al incumplir el límite de endeudamiento no se concede y el Ayuntamiento tuvo que elaborar un Plan económico financiero; en 2017 se piden 33 millones y se conceden 21,1 millones; y en el 2018 se pide 10 millones y no se concede nada. En 2919 tampoco

llegará nada porque la cuantía que ahora se solicita se concederá en el 2020.