En un comunicado, ambos colectivos han lamentado que la Subdirección de Seguridad del centro no haya tomado medidas hacia el interno, que mantiene su régimen de vida "como si nada hubiese pasado y sin ningún tipo de consecuencia", pero sin embargo haya emitido una "orden verbal" a la oficina de personal de la prisión en la que, a partir de ahora, prohíbe a las funcionarias realizar servicio en el módulo donde reside el interno.
Una labor que las funcionarias "vienen realizando habitualmente de forma intachable", por lo que la decisión incurre "en una flagrante vulneración de todos los derechos de igualdad, discriminando así a las funcionarias por razón de género".
CSIF y APFP han destacado que estas funcionarias realizan su trabajo desde 2007 en departamentos de hombres en los cuales se convive con condenados por delitos de toda índole, entre ellos, asesinos, violadores y agresores sexuales "con absoluta normalidad y profesionalidad", por lo que han lamentado este "nuevo triunfo de la administración penitenciaria en el tema de igualdad de la mujer en el ámbito laboral".
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