El portavoz y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha calificado de "chantaje" que el Gobierno central condicione el pago de los 440 millones de euros de deuda con la Comunidad por las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación del IVA de 2017 a la elección de Pedro Sánchez como presidente.

Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, considera un "chantaje" las declaraciones del Gobierno al condicionar el pago de estas cantidades a la existencia de un Ejecutivo que no esté en funciones.

Además, ha afirmado que las declaraciones del portavoz del representante de la oposición en Castilla y León, en referencia al líder del PSOE, Luis Tudanca, son de una "gravedad inusitada" y es "bastante incomprensible", "sorprendente" e "indignante" que justifique y explique que se somete a la Comunidad al chantaje a cambio de la investidura del presidente del Gobierno.

"No lo he visto en los años que llevo en política", ha señalado Igea, quien ha insistido en que esta actitud supone un "chantaje en estado puro" y pone el interés de un partido o un presidente por delante del de los ciudadanos, algo "inaudito".

Además, ha censurado que el candidato a la Presidencia del Gobierno "que ya ni se define así", se dedique al acabar sus vacaciones a reunirse con asociaciones y plataformas. "Le falta reunirse con las Clarisas", ha aseverado el portavoz de la Junta, quien ha criticado que no lo haga con quien pueda darle la mayoría parlamentaria y mientras tanto se dedique a hacer un programa electoral y se resigne frente a la obligación de intentar lograr una mayoría.

Igea ha expresado la sorpresa que supone la actitud del PSOE de Castilla y León, que "da por bueno" que su partido no sólo haga esto sino que "amenace" a los ciudadanos con "cortar" la financiación.

El vicepresidente de la Junta ha advertido de que la ausencia de ingresos impedirá hacer muchas cosas que estaban previstas y que no serán posibles si no se mejora la financiación.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Así, ha aclarado que el Gobierno de Castilla y León lo primero que hará será garantizar el mantenimiento de la calidad de los servicios público pero hay otra parte de las inversiones tanto en sanidad como en otras áreas, tanto referentes a obras como a prestaciones, que si no se tienen los ingresos adecuados no se pueden hacer.

Igea ha reclamado al Gobierno que cumpla su obligación y no se "escude" en la Abogacía del Estado, que ha lamentado que se utilice como en otras ocasiones "al servicio" de un partido con un gobierno en funciones.

El portavoz de la Junta ha aclarado que en las previsiones de gasto no se contemplaron estos 440 millones de euros, aunque una cosa es que no estén garantizados y otra que no sean de la Comunidad, y se ha intentado no generar deuda, pero este dinero es lo que permitiría hacer algunas cosas porque, ha insistido, no es que se les "deba" a Castilla y León sino que forman parte de la financiación contemplada por ley.

"Ellos tienen que cumplir la ley", ha reiterado Igea, quien ha señalado que es "su obligación" y si no fuera así nadie se habría planteado un recurso judicial como ha hecho Cataluña.

A este respecto, ha aclarado que Castilla y León "no descarta ninguna medida", pero cree que lo más "racional" es lo que propone la Comunidad y que consiste en una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Finalmente, ha avisado de que si se incrementa el gasto también podrá hacerlo el déficit y si no hay ingresos "la balanza funciona como funciona", aunque la Junta quiere intentar llevar a cabo una política económica "sensata", que no de "austeridad", pero sin aumentar la deuda porque "todo se acaba pagando" y ya se han vivido políticas "inconscientes" que han llevado al país a una situación "dramática" que no se quiere repetir.