Ecoologistas presentando las alegaciones ante el Ayuntamiento de Trebujena
Ecoologistas presentando las alegaciones ante el Ayuntamiento de Trebujena ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Según una nota de Ecologistas en Acción, las alegaciones se producen porque la empresa Costa Guadalquivir S.L. "pretende construir una gigantesca urbanización de 2.324.292 m2, que incluye un campo de golf, hoteles y una zona residencial exclusiva con 300 villas, en unas marismas que se desecaron junto al río Guadalquivir, muy cerca de Doñana".

Los ecologistas han recordado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Trebujena, aprobado en 2007, "recalificó esta enorme extensión como Suelo Urbanizable Sectorizado "SUS-16" con Uso Global Turístico", que "se hizo porque el Ayuntamiento había firmado en 2003 un convenio con la sociedad Zanona S.A., del conocido promotor urbanístico Bernard Devos, por el que se comprometía a recalificar unas fincas sobre las que dicha sociedad tenía una opción de compra".

Por su parte, según ha señalado la asociación, "Zanona S.A. se comprometía a abonar al Ayuntamiento un total de 5.598.427 euros cuando se aprobara el PGOU". Por ello, han criticado que "la ordenación del territorio y el urbanismo no lo pueden decidir los promotores, por muchos convenios que se firmen y cantidades que abonen a los ayuntamientos".

Asimismo, Ecologistas en Acción ha considerado que "este PGOU no se sometió a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que obliga a justificar las propuestas urbanísticas, a realizar consultas previamente a la confección del Plan, y a estudiar alternativas" y como "nada de eso se hizo", los ecologistas han insistido en que "el PGOU de Trebujena adolece de nulidad".

La asociación ha continuado añadiendo que "esta recalificación fue -y sigue siendo- totalmente ilegal, ya que el cien por cien de los suelos declarados urbanizables son inundables, lo que prohíbe taxativamente las legislaciones de aguas, urbanística y de prevención de inundaciones".

En 2011, la Junta de Andalucía aprobó el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa Noroeste, que "no sólo no anulaba esta urbanización y obligaba a desclasificar unos suelos declarados urbanizables sin justificación alguna, sino que autorizaba la ampliación de los usos a los residenciales, con 300 viviendas de lujo".

En críticas de los ecologistas, "ahora el Ayuntamiento tampoco rectifica esta nefasta política especulativa, y sigue tramitando la modificación del PGOU para incluir estas viviendas junto al campo de golf".

Ecologistas en Acción ha apuntado que "este PGOU y su modificación incumplen claramente el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que determina que la dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos (demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la urbanización) y su relación con la tendencia seguida para dichos parámetros en los últimos diez años, no pudiendo superarse en todo caso el 40% y el 30%, respectivamente, en relación con los suelos urbanos y la población actual".

"Trebujena tiene una población estabilizada en la última década en torno a los 7.000 habitantes, con tendencia a la baja, pero el Ayuntamiento, con el apoyo de la Junta de Andalucía, pretende aumentar los suelos urbanizables en un 255%", algo que ha calificado como "una desmesura que hay que evitar a toda costa".

Además, la asociación considera que esta urbanización tendría un "alto impacto ambiental y paisajístico en un espacio aledaño a dos Zonas de Especial Conservación (ZEC) incluidas en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, como son Doñana y el estuario del Guadalquivir".

Los ecologistan han aseverado que "Trebujena debe promocionar un turismo basado en su naturaleza, su variedad y riqueza gastronómica y su patrimonio cultural, que supera con creces la demanda del turismo del golf, aportando ventajas evidentes en relación con el menor consumo de recursos e impacto al medio ambiente, el fomento del intercambio cultural y la valoración de sus recursos naturales y culturales o la promoción de la gastronomía y productos locales".

Por último, "ante tal cúmulo de ilegalidades y despropósitos", Ecologistas en Acción ha advertido en sus alegaciones que "los técnicos y responsables de las administraciones que están aprobando o informando favorablemente este proyecto podrían estar incurriendo en conductas negligentes, cuando no en presunta falsedad documental y prevaricación, que podría tener responsabilidades penales".

Consulta aquí más noticias de Cádiz.