En concreto, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron la velocidad a 1.231 vehículos entre el 12 y el 18 de agosto, de modo que los infractores representan el 16,90 por ciento del total, según ha informado este lunes en una nota la Subdelegación del Gobierno.

A estos resultados hay que sumar los controles que las distintas policías locales de los ayuntamientos han realizado en su ámbito de actuación. Se trata de una colaboración muy importante, ya que se unifica el mensaje de respeto de los límites de velocidad establecidos, independientemente de la vía por la que se circule.

Durante la campaña se han reforzado los controles en las carreteras convencionales (las que disponen de un solo carril en cada sentido), ya que en este tipo de vías es en las que se produce un mayor porcentaje de accidentes.

La Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación fijan la normativa aplicable a los límites genéricos y específicos de velocidad, velocidad en adelantamiento y distancias entre vehículos. El incumplimiento de estas normas está tipificado como infracción grave o muy grave, sancionadas con multas de 90 a 600 euros.

El artículo 379 del Código Penal establece que 'el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años'.

Además, la Ley del Permiso por Puntos contempla la pérdida de entre dos y seis puntos por esta clase de infracción, dependiendo del exceso de velocidad cometido.

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