Teme que “los conflictos del Gobierno” afecten a los Planes de Garantía Social

  • Los socialistas esperan que las "disputas entre los afiliados del PP no afecten al resto de melillenses".
  • La diputada, Mari Paz Ojeda, califica de "escarmiento público lo que le están haciendo a Inés Urdiales".
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Mari Paz Ojeda, diputada de PSOE Melilla
Mari Paz Ojeda, diputada de PSOE Melilla
S.M.J
Mari Paz Ojeda, diputada de PSOE Melilla

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Número Uno de Melilla en la que se condena a la Ciudad por vulnerar los derechos fundamentales” de una trabajadora , Inés Urdiales, no ha pasado desapercibida a los grupos de la oposición. La diputada socialista, Mari Paz Ojeda, comentó que es “lamentable que el escarmiento público que le está haciendo el Gobierno local a la máxima responsable del área de Garantía Social, perjudique a los ciudadanos”.

Convenios de colaboración en Educación

La socialista quiso hacer hincapié en que los melillenses “nunca han debido verse afectados” por cuestiones internas del Ejecutivo del PP, y añadió que “la falta de altura” del Gobierno local ha acabado influyendo en la gestión del área de Garantía Social “ofreciendo peores servicios a los alumnos al no incurrir en las convocatorias”.

Están dando a entender a los melillenses que los cursos formativos de Garantía Social no son relevantes"

La diputada hizo referencia al convenio de colaboración firmado en 1992 entre la Ciudad Autónoma y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para desarrollar planes educativos para adultos, con la idea de reinsertarlos nuevamente en el mercado laboral. En 2007 “se deja de concurrir de manera activa” en la Feria de FP, ya que la máxima responsable del área, Inés Urdiales, “no está en su cargo”, lamentó Mari Paz Ojeda. En 2008 la Ciudad Autónoma tampoco ha participado en esta Feria.

Piden al Gobierno que "actúe"

Los socialistas han lanzado un mensaje “a la serenidad del Gobierno” para resolver el asunto. Ojeda criticó además el hecho de que “estén dando a entender a los melillenses con estas polémicas que estos cursos formativos no son relevantes y que no se quiere poner a los alumnos en contacto con el resto de los cursos de FP o con las empresas”.

Ante esto el secretario de la Sección Sindical del Ayuntamiento de Melilla, Antonio Fernández, exigió al presidente de la Ciudad, a través de un comunicado, “el cese de su cargo a un consejero que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores”. Juan José Imbroda aún no se ha pronunciando al respecto. El consejero de Educación, Antonio Miranda, al que se refirió directamente el secretario sindical, tampoco ha querido manifestarse sobre estos términos o sobre la sentencia condenatoria.

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