El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha acusado al Ejecutivo local -formado por PP y Cs- de "vulnerar la legalidad" a la hora de autorizar la ejecución de las obras de renovación del césped en el estadio del Real Oviedo, el Carlos Tartiere. Han advertido de que permanecerán "vigilantes" para que algo así no vuelva a ocurrir.

Los ediles socialistas Ana Rivas y Ricardo Fernández han ofrecido este viernes una rueda de prensa en el Ayuntamiento, después de haber recibido un informe de la Secretaría General del Consistorio en el que se asegura que hacen falta una serie de informes técnicos y jurídicos para dar luz verde a las actuaciones.

Las dudas del PSOE ovetense acerca de la legalidad de las obras se retrotraen al 6 de julio, cuando el alcalde, Alfredo Canteli (PP) y el concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta (Cs) visitaron las obras de renovación del césped, solo cinco días después de que el Real Oviedo solicitase dicha actuación al Ayuntamiento. De hecho, la autorización se concedió el mismo día de la solicitud, unas seis horas después, según han precisado los concejales socialistas.

Dudaron entonces, ha explicado el concejal Ricardo Fernández, de si existía la licencia urbanística pertinente para estas obras, "dada la premura y ligereza con la que se actuó", y pidieron un informe a la Secretaría General, cuyas conclusiones han conocido este mismo viernes.

El informe municipal refleja que es necesario para este tipo de actuaciones un procedimiento administrativo previo que conlleva la emisión de un expediente administrativo en el que intervienen tanto Gestión de Patrimonio y el servicio de Licencias. En su lugar, el Equipo de Gobierno presentó un escrito de la Concejalía de Parques y Jardines, el área dirigida por el 'popular' Gerardo Antuña, en el que la concejalía afirma que "no existe inconveniente en que realicen los trabajos solicitados".

El informe de la Secretaría General establece que, si bien la intervención de Parques y Jardines "resulta necesaria" para aprobar la actuación, esta "no puede sustituir a la intervención de la Sección de Gestión de Patrimonio como instructora del expediente y a que ésta recabase el resto de informes pertinentes, entre ellos el urbanístico".

Es por ello que desde el PSOE ovetense han emplazado al Ejecutivo local a que tramite el expediente de subsanación de errores administrativo necesario para "legalizar administrativamente" las obras ya realizadas.

"NO BASTA 'QUEREMOS HACER ESTO, HÁGASE'"

A juicio de los ediles socialistas "no basta con decir 'queremos hacer esto, hágase'", sino que el Ayuntamiento, "que no es una empresa privada ni un club social", ha dicho Rivas, debe cumplir con la legalidad vigente.

"No basta con pedir y conceder", ha agregado Fernández, quien ha exigido que "se haga lo que sea necesario y exigible con arreglo a la ley para devolver al Ayuntamiento a la senda de la legalidad". "Es inexcusable y no admite ningún tipo de demora ni excusa, ni subterfugio para sustituir lo que la ley exige con una mera autorización a vuelapluma", ha aseverado.

"El Gobierno tiene que aprender, les podemos dar lecciones de lo que es el cumplimiento de la legalidad", ha añadido Rivas, quien ha recordado que "todos" deben cumplir la legalidad. "No vale que unos cumplan y otros se la salten", ha dicho, porque después el siguiente Equipo de Gobierno es el que "sufre las consecuencias" de cosas "mal hechas y mal tramitadas". En este punto ha recordado que durante el anterior mandato -en el que gobernaron PSOE, Somos e IU- "todos los ovetenses" tuvieron que pagar "las cosas mal hechas antes".

CONTRATO CON EL REAL OVIEDO

Por otro lado, el PSOE preguntó también sobre el ámbito en el que se había tomado la decisión de que el Real Oviedo fuese quien se hiciera cargo de las obras de renovación, ya que existe desde 2014 un contrato entre ambas instituciones por el cual el Ayuntamiento se hace cargo del mantenimiento del estadio.

Han pedido al Ayuntamiento que tramite esta modificación del contrato según los cauces establecidos para ello -con su aprobación en la Junta de Gobierno- para evitar situaciones de inseguridad jurídica y se pueda esclarecer el futuro de los trabajadores de la empresa que realiza actualmente este servicio.