Así lo ha hecho la secretaria regional de Mujer y Dependencia, Fonsi Bonafonte, durante una rueda de prensa en la que ha explicado la situación actual y futura de las residencias de mayores tras rechazar el Supremo un recurso de casación de la Junta contra la anulación del decreto que regula estos centros.
Un decreto al que UGT siempre se ha opuesto ya que alude al número mínimo de profesionales establecido en función del número de usuarios, pero no de su grado de dependencia y sus dolencias, como sí se establecía en la normativa anterior de 2001.
Bonafonte ha afirmado que este tipo de trabajo supone empleo "precario, infravalorado y mal pagado" en el que, además, la ausencia de perspectiva de género, porque la administración tiene "poco interés" en modificarlo, hace que en la mayoría de los casos la asistencia se subcontrate a la empresa privada.
El sindicato celebra la decisión del Supremo en este aspecto por ser un decreto que "no es capaz de articular una solución satisfactoria tanto para las personas trabajadoras, como para las personas mayores", algo que, según Bonafonte, demuestra que a la administración "le ha importado poco" cómo salga el trabajo ni a costa de quién.
Así, ha denunciado que se está "obligando" a las trabajadoras a "excederse" en sus labores, por lo que "el 80 por ciento está con medicación". Asimismo, ha añadido que se están incrementando los accidentes laborales y las incapacidades por estos motivos.
UGT exige "tomar medidas y soluciones políticas", empezando por dar valor a la dimensión social del cuidado, crear entornos saludables de trabajo y tener un mayor compromiso con la igualdad para que la norma no sea acusada de "incoherencia" ni contraria a la filosofía y enfoque del modelo de Atención Centrada en la Persona.
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