Una persona que haya cometido varios delitos es muy probable que no cumpla la pena de inmediato puesto que como, explicó ayer el magistrado de la Audiencia Provincial de Castellón Esteban Solaz, «la falta de informatización nos impide conocer qué otros procesos tiene pendiente la persona que ha sido penada y sobre la que se plantea suspenderle o sustituirle la pena», por lo que en la mayoría de casos, «el reo está libre hasta que se notifican las causas que tiene pendientes con la ley», según Esteban Solaz

Tanto Solaz como el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante Vicente Magro coincidieron en señalar la necesidad de elaborar un programa a nivel nacional que permita igualar las actuaciones en todas las comunidades autónomas sobre aquellas personas a las que se les haya sustituido la pena de prisión por trabajos comunitarios.

Lo pidieron ayer, ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia Juan Luis de la Rúa, en la presentación de El manual práctico sobre la ejecución penal. Las medidas alternativas a la prisión: suspensión, sustitución y expulsión.

Para Vicente Magro, «la cárcel no soluciona los problemas» y, en caso de penas inferiores a un año, lo más conveniente sería sustituirla por cursos de reeducación para evitar nuevos delitos.

Para que esto se pudiera llevar a cabo, los magistrados solicitaron ayer una mayor implicación por parte de los Ayuntamientos para que colaboren en el seguimiento de los trabajos penados y respondan más rápido a las peticiones de ayuda tanto de los juzgados como de los servicios sociales.

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