La actuación se produce tras informaciones sobre la costumbre de muchos residentes extranjeros en España beneficiarios de prestación por desempleo de salir del país mientras disfrutan del cobro de la misma.
A pesar de que esta conducta no constituye un ilícito penal, sí incumple la normativa administrativa que regula tanto el control de las prestaciones de desempleo como la Renta Básica de Inserción, que establece la total prohibición de salir de territorio nacional mientras se está disfrutando de este tipo de ayudas.
El operativo se ha desarrollado en base a un listado de más de 200 personas de diferentes nacionalidades, las cuales han sido citadas para un control presencial en el mes de julio por parte del SEPE y para que los agentes de la Policía Nacional pudieran comprobar la documentación relativa a las entradas y salidas del país.
La incomparecencia de cerca de un centenar de ellas tuvo como consecuencia que vieran rechazado su reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo, u otro tipo de ayuda, de la que estaban disfrutando hasta ese momento.
Concretamente se ha dispuesto la suspensión del cobro mensual de la ayuda correspondiente en cada caso o bien de la extinción de la misma desde la fecha de percepción.
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