Dicho sindicato ha informado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, del fallo del Supremo, que además condena al pago de costas a la Administración autonómica.

Según ha recordado Satse, el decreto anulado se dictó tras ser anulado otro de 2016 también por sentencia judicial, en la que se consideró que para aprobar ese Decreto de 2016 no hubo el estudio económico exigido legalmente.

Para el sindicato, es "incoherente" que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tramite un nuevo Decreto a la vez que recurre el de 2017, "manteniendo las mismas condiciones, que repercuten negativamente en la asistencia a los residentes".

Como ha recordado, Satse impugnó este decreto de 2017 porque" suponía un cambio de modelo asistencial" respecto al de 2001, ya que el de 2017 despojaba a estos centros del carácter sanitario y "a la vez regulaba de forma escasa, poco clara e imprecisa la ratio de profesionales enfermeros con que debían contar".

De este modo, consideran que "dejaba la puerta abierta a que estos centros se abrieran y funcionaran sin contar con suficientes médicos, enfermeros, fisioterapeutas, etc, recurriendo a los de Sacyl y sobrecargando el Sistema de Salud de la Comunidad", al tiempo que "no garantiza una asistencia suficiente y de calidad a los residentes", personas mayores, en su mayoría "pluripatológicos y dependientes".