El secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, y el presidente de CHA, José Luis Soro, firman el acuerdo de investidura que contempla 50 medidas.
El secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, y el presidente de CHA, José Luis Soro, firman el acuerdo de investidura que contempla 50 medidas. EUROPA PRESS - Archivo

El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, y el presidente CHA, José Luis Soro, han rubricado el acuerdo este viernes, en las Cortes autonómicas, pacto que supondrá que CHA vote a favor el próximo 31 de julio de que el dirigente socialista sea investido presidente de la Comunidad tras las elecciones del pasado 26 de mayo.

Soro ha destacado algunas de las cuestiones del acuerdo, como exigir la reforma del sistema de financiación autonómica, la lucha contra la despoblación y la violencia de género, la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y para el colectivo LGTBI, así como de los derechos históricos y de las lenguas propias, la reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas y de la PAC, el apoyo a autónomos y jóvenes y soluciones para las cuencas mineras.

El primer apartado del acuerdo PSOE-CHA para la décima legislatura contiene 12 puntos sobre autogobierno y calidad democrática, como la defensa "con firmeza" de los intereses de Aragón ante el Gobierno central, velando para que la Comunidad tenga en el conjunto del Estado "el peso y la influencia que le corresponden".

También exige una relación con el Estado regida por los principios de autonomía y bilateralidad, así como por la lealtad institucional mutua; la "inminente" reforma del sistema de financiación autonómica, que incluya el coste de prestación de los servicios en el territorio y las variables relacionadas con el esfuerzo fiscal y la estructura territorial y poblacional, especialmente, el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales.

Además, pide el Acuerdo Bilateral Económico-Financiero con el Estado; defender las lenguas propias de Aragón; la puesta en marcha de la Academia Aragonesa de la Lengua; reclamar el retorno de todos los bienes expoliados y de los que se encuentran fuera del territorio; y promover la reforma del Estatuto de Autonomía para suprimir el aforamiento de los miembros de las Cortes y el Gobierno autonómico.

El acuerdo también aboga por reformar la Ley del Justicia de Aragón para que los entes sujetos a su supervisión tengan la obligación de auxiliarle en sus investigaciones y modificar la Ley reguladora de la Cámara de Cuentas de Aragón para que tenga "facultades coercitivas y de investigación con respecto a terceros".

Garantizar el pleno respeto al principio constitucional de aconfesionalidad en todos los actos públicos y dependencias del Gobierno de Aragón y el desarrollo y dotación presupuestaria suficiente para la ley de Memoria Democrática son otros puntos del pacto.

DERECHOS SOCIALES

El ámbito de los derechos sociales contiene 14 puntos, entre ellos, la ejecución de las previsiones contenidas en la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación; establecer una renta social básica; y garantizar el derecho de todas las personas a acceder a los servicios públicos de salud en condiciones de igualdad, universalidad y calidad.

Además, se incluye la culminación de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz y el resto de infraestructuras sanitarias necesarias; reducir las listas de espera sanitarias a través de soluciones estructurales, y desarrollar, con dotación presupuestaria suficiente la ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón.

El pacto también aboga por agilizar los procedimientos de la Ley de la Dependencia y exigir al Gobierno central financiación suficiente; impulsar un Pacto por la Educación en Aragón; mantener la colaboración con la Universidad de Zaragoza, garantizando financiación e infraestructuras; y desarrollar el Pacto por la Ciencia.

El acuerdo reclama consolidar una financiación pública de la cultura suficiente y desarrollar un proyecto de cultura para Aragón con consenso del sector; la aprobación de una Ley de Vivienda, que impulse alquiler y rehabilitación; garantizar una alternativa habitacional digna a quien se vea privado de su vivienda habitual por un desahucio; e impulsar las políticas de cooperación al desarrollo, incrementado la dotación.

MODELO ECONÓMICO

El pacto contempla 24 medidas para propiciar un modelo económico que prime la justicia social y la transición ecológica, como autorizar e impulsar exclusivamente los proyectos sostenibles desde los puntos de vista social, medioambiental y económico.

Además, los firmantes se comprometen a desarrollar políticas expansivas y de crecimiento económico productivo y no especulativo impulsadas desde lo público, basadas en la I+D+i, la política industrial, un plan de empleo rural y el impulso de la agroindustria, el turismo, el empleo verde y la economía social, a fin de crear empleo de calidad en todo el territorio.

El acuerdo también defiende un sistema tributario "justo" inspirado en los principios de igualdad y progresividad; crear un órgano bilateral de codirección con la Agencia Tributaria, "avanzando hacia una responsabilidad compartida"; y

desarrollar una fiscalidad que impulse la discriminación positiva en las zonas afectadas por la despoblación.

Igualmente, se propone revisar el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA); estudiar la creación de un organismo público para favorecer una política de crédito público; desarrollar la ley de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo de la Comunidad, así como medidas concretas para acabar con la brecha salarial y el techo de cristal que sufren las mujeres en Aragón.

Contempla programas de ayuda y líneas financieras destinadas a favorecer proyectos de autoempleo impulsados por personas jóvenes con impacto en el territorio y la puesta en marcha de todas las previsiones de la ley de diálogo social y participación institucional en Aragón.

Por otra parte, el pacto reclama soluciones para las Cuencas Mineras, rechazar cualquier trasvase del Ebro y acometer la limpieza de aquellos cauces de ríos y descontaminación de aguas que resulten urgentes ya sea por motivos de inundaciones o avenidas ya por razones de salud pública.

FINANCIACIÓN MUNICIPAL

Los firmantes se comprometen a promover una ley estatal de financiación municipal estable y objetiva e impulsar la aprobación de una ley aragonesa; propiciar el desarrollo de las comarcas de montaña; e implementar la Estrategia Aragonesa contra el Cambio Climático e impulsar una Ley aragonesa contra el cambio climático.

El acuerdo también apuesta por seguir impulsando la reapertura de la línea ferroviaria internacional de Canfranc, exigir el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, el desdoblamiento de la N-II y de la N-232 y la liberación del peaje de la AP-2 y la AP-68, así como el resto de infraestructuras carreteras de titularidad estatal pendientes.

Asimismo, pide ejecutar un plan de conservación y renovación de la red autonómica de carreteras con dotación presupuestaria plurianual suficiente; impulsar la revisión de la PAC; desarrollar con presupuesto suficiente la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, así como luchar contra la violencia de género.

Finalmente, reclama implementar la ley de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por Razón de Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género y la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, ambas de ámbito autonómico.

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