La causa procede del Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira y, por los hechos que se le imputan, la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por un delito continuado de estafa o, alternativamente, un delito continuado de apropiación indebida.

Además, el Ministerio Fiscal también reclama el pago de una multa con una cuota diaria de nueve euros durante diez meses, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena de prisión.

Tal como relata en su escrito el Ministerio Público, los hechos se remontan a 2010, cuando el acusado se quedó para sí parte del dinero de la venta de una finca ubicada en Boiro, la cual pertenecía a su primo, "aprovechándose de un poder notarial a su nombre". De esta manera, le entregó a su pariente 24.000 euros de los 36.000 euros que obtuvo de la comercialización de dicho terreno.

CUIDARÍA DE ELLOS

Asimismo, con los 24.000 euros, el perjudicado, acompañado del acusado, se compró una furgoneta que costaba 17.500 euros, "procediendo el acusado a entregar el pagaré recibiendo este en mano y en efectivo el dinero sobrante, 6.500 euros, los cuales se quedó".

Se da la circunstancia de que el acusado también se hizo con este vehículo para su uso particular, sin devolvérselo a su primo hasta dos años después, si bien, con diversos desperfectos que no han sido tasados.

"El perjudicado y su familia, personas dependientes y carentes de carnet, hicieron la venta de la finca para comprar tal vehículo y que pudiese ser conducido por el acusado para llevarles al médico y demás, pues el acusado era la persona que, en teoría, iba a cuidar de ellos (algunos se hallaban encamados) y, por ello, también le hicieron un poder", indica Fiscalía.

COCHE SIN CARNET

También el acusado se quedó para sí un coche sin carnet que vendió ese mismo año por 2.700 euros. La victima le había entregado tal vehículo en la creencia de que lo iba a llevar a un taller para su reparación, pero lo vendió "sin su conocimiento ni consentimiento". Entre otras cosas, el perjudicado prestó más de 10.000 euros al presunto estafador, los cuales nunca le fueron devueltos.

"Lo cierto es que el perjudicado padece una minusvalía del 75% con retraso mental leve, aprovechándose el acusado de esta circunstancia y del hecho de ser parientes para ganarse su confianza y conseguir el incremento patrimonial a costa del primero", ha explicado el Ministerio Fiscal.