En rueda de prensa, Martínez Jiménez explicó que se trata de una situación que, "como mínimo, hay que investigar, porque el funcionamiento de la Justicia ha quedado en entredicho". Insistió en que la mujer tenía el suficiente grado de protección "porque convivía con una persona que era militar y, además, con más grado que su acosador", aunque también matizó que "cuando un agresor está dispuesto a matar y morir es muy difícil evitarlo".

El fiscal, sin embargo, reconoció que "si esa persona hubiera ingresado en prisión preventiva previamente a la espera de juicio, este hecho no se hubiera producido". En ese sentido, dijo que probablemente en el futuro "más que incidir en el alejamiento habrá que aumentar la prisión preventiva", aunque matizó que existe el riesgo de establecer medidas desproporcionadas para caso concretos.

"Por eso debemos detectar el error judicial para reprimirlo y sancionarlo", destacó, pero siempre partiendo de que se trata de una excepción porque si se constata que existe un funcionamiento anómalo de la Justicia "es cuando debe intervenir la Administración para aportar los medios suficientes como para que dejen de producirse los errores judiciales".

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