"Me gustaría llamar su atención nuevamente por la grave situación con respecto a la calidad del aire en España". Con estas palabras arranca la carta que el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, envió el martes a la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.

Con ella, Bruselas da un nuevo tirón de orejas a España –ya le dio otro en enero del año pasado– por superar los límites legales de dióxido de nitrógeno, un compuesto químico que puede ocasionar graves efectos en la salud y que es lanzado a la atmósfera principalmente por los automóviles.

Tanto Madrid como el área metropolitana de Barcelona tienen abiertos expedientes de infracción por superarlos reiteradamente. De hecho, "Madrid lleva superando año tras año estos niveles desde que en 2010 se establecieron los límites", explica a 20minutos Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, que agrega que en la capital "mueren 15 personas al día de forma prematura por la mala calidad del aire".

La Comisión Europea es clara: "Las medidas anunciadas y tomadas hasta el momento no son suficientes". Por ello, considera fundamental que las distintas administraciones actúen a nivel "nacional, regional y local" para poner fin a este problema. Antes de 2020, España ha de adoptar las medidas pertinentes para asegurar la calidad del aire. De no ser así, será llevada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determinará si es sancionada o no.

Multa millonaria

"Hasta hoy España se ha librado porque ha mantenido reuniones bilaterales en las que el Gobierno, tras recibir la información sobre las medidas que iban tomando los ayuntamientos –como Madrid Central– lo transmitía a las autoridades europeas", indican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica a este medio.

A día de hoy, ningún país de la Unión Europea se ha enfrentado a una multa por la mala calidad del aire, por lo que no es posible saber con exactitud la cuantía que tendría que desembolsar. No obstante, Ecologistas en Acción estima que costaría "unos 100 millones de euros cada seis meses, lo que se traduciría en 200 millones al año". Esta cifra no la pagarían los ayuntamientos que han cometido la infracción, sino el conjunto del país.

Cooperación

La ministra en funciones considera que la carta es "pertinente en un momento en el que se cuestiona la necesidad de adoptar más medidas o suprimir algunas de las existentes". Por ello, ya ha remitido la misiva tanto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como a la Generalitat de Cataluña. Les ha invitado "a fortalecer la cooperación y a trabajar conjuntamente en medidas que se sumen a las ya existentes" para que no se "malinterpreten las voluntades de los responsables públicos, pensando que se quiere hacer menos en lugar de más".