Esta vez parece que va la vencida. La familia de Sampaio que hace unos meses había conseguido evitar el derribo de su casa con la manifestación de 300 vecinos, se enfrenta de nuevo al calvario de pasar las noches en vela esperando las palas.

El Concello recibió la semana pasada una orden judicial que obliga a los servicios municipales a ejecutar la orden de derribo sentenciada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con fecha del 10 de noviembre de 2005. Según el Concello, «la orden se ejecutará en cuestión de semanas».

Pero la orden judicial no acaba ahí. El letrado notifica una multa de 1.200 euros a la gerente de Urbanismo, Julia Chamosa, por no haber ejecutado la orden de derribo el pasado mes de octubre. El plazo para pagar la multa es de 10 días, aunque el Concello ya ha señalado que recurrirá.

La pareja, que recibió la noticia con perplejidad a través de la prensa, espera que el Concello se ponga en contacto con ellos para explicarles cómo se va a proceder a partir de ahora.

Mirando atrás

Todo empezó en 1999 con unas obras en la casa de Manuel Dasilva y Charo Amorín. Decidieron realizar unas reformas en su vivienda de 45 metros cuadrados y con una hipoteca a 25 años. Una vecina, que comparte con esta finca un lateral sin ventanas de su casa, denunció la obra por supuestas ilegalidades en el alzado del techo. Ahí empezó la lucha de la pareja de Sampaio por evitar que le tiren la casa.

Reunieron más de 6.000 firmas y realizaron varias manifestaciones. «Hemos presentado recursos y todos nos han venido en contra, ya no sabemos qué hacer», señala Manuel Dasilva.

En octubre, 300 vecinos formaron una cadena humana que impidió a las máquinas proceder a la demolición. Desde entonces, las aguas se calmaron aunque la orden de derribo seguía en pie y con el apunte de ser «de obligado cumplimiento».

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