El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 18.00 horas del 30 de septiembre de 2017, el denunciante, que circulaba con su vehículo por la carretera AS-227 en busca de una vaca, se detuvo al llegar a la localidad de Gua (Somiedo) debido a que encontró al animal. En ese momento apareció el procesado, que vive en las inmediaciones, y ambos comenzaron a discutir por problemas con el ganado, por lo que la víctima salió de su vehículo.

En un determinado momento de la discusión, el procesado sacó una pistola que llevaba entre la ropa y, de forma completamente sorpresiva, estando a 5 o 6 metros de distancia de la víctima, que se encontraba indefenso, apuntó hacia este y con intención de matarlo efectuó uno o dos disparos contra él, alcanzándole en la mano derecha, por la que empezó a sangrar abundantemente.

El procesado le dijo entonces que terminaría matándolo un día u otro, y abandonó el lugar mientras el herido se dirigía a su vehículo para ir a curarse. Como consecuencia del disparo, el hombre, que tenía 55 años cuando ocurrieron los hechos, resultó con fractura conminuta de base del tercer metacarpiano de la mano derecha no desplazada.

El 2 de octubre de 2017 agentes de la Guardia Civil realizaron una entrada y registro en el domicilio del procesado, en Somiedo, encontrándose dos cajas de proyectiles de calibre 7,92 (munición de guerra), una carabina de calibre 4,5 y cuatro cajas de munición de calibre 9 mm largo, cada una de las cuales contenía 25 cartuchos.

La pistola que utilizó el procesado había llegado a su poder en fecha y circunstancias que no constan. Se trata de un arma corta de fuego cuya marca y modelo se desconocen. Pese a las actuaciones practicadas para ello, no ha sido posible su aprehensión, ignorándose dónde se encuentra en la actualidad.

La camisa del proyectil que alcanzó en la mano al denunciante presenta características comunes a las de los proyectiles que engarzan algunos cartuchos pertenecientes a munición metálica de percusión central de los calibres 9 mm Parabellum (9 x 19 mm) o 9 mm largo (9 x 21 mm).

El procesado carece de cualquier tipo de permiso que le habilite para la tenencia o porte de armas. Ha ingresado 4.000 euros en la cuenta judicial para su entrega a la víctima como resarcimiento de los perjuicios sufridos.

La Fiscalía considera que los hechos relatados constituyen un delito de asesinato en grado de tentativa de los artículos 139.1.1ª en relación con el 15, 16.1 y 62, y un delito de tenencia ilícita de arma de los artículos 564.1.1.º o 563, todos del Código Penal. Concurre en el delito de asesinato en grado de tentativa la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de reparación del daño.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado le indemnice con 19.313,91 euros (7.030 euros por días de perjuicio básico, 5.395 euros por días de perjuicio moderado, 465 euros por días de perjuicio grave y 6.423,91 por secuelas) y al Sespa con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por la asistencia médica prestada al herido.