Los responsables de diez comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y País Vasco- conocen la existencia de centros privados irregulares en sus regiones, según se describe el último informe, llamado Calidad de los servicios para la primera infancia y estimación de la demanda, sobre la situación de los centros que atienden a los niños de 0 a 3 años, basado en datos oficiales, solicitados por la Comisión Europea al que tuvo acceso El País.Las comunidades aceptan y toleran que las

El informe revela una falta de plazas (351.593, menos), que ni siquiera cubre las necesidades de las familias españolas en las que trabajan tanto la mujer como el hombre (657.259) y de las monoparentales (124.237) con hijos de entre 0 y 3 años, y alerta de que no se pueden seguir abriendo plazas a costa de la "calidad".

La conclusión del informe es que "los datos aportados por las comunidades" provocan "alarma" y mucho más si se tiene en cuenta que el 52,7% de la oferta de toda España es privada.