Así lo han informado desde el despacho Ley 57 Abogados, que presentó desde diciembre de 2015, junto a otros despachos unidos en la plataforma SOS Viviendas, más de 300 demandas contra las entidades bancarias depositarias de dichos anticipos ingresados en cuentas de las promotoras, sobre todo Aifos, para la compra de inmuebles.
Al respecto, han apuntado en un comunicado que la Audiencia de Málaga y los juzgados "fallan a favor de los compradores y confirman la responsabilidad de las entidades que, sin control suficiente, permitían ingresos de compradores de pisos en construcción que nunca llegaron a entregarse".
Según han explicado, la reciente doctrina del Tribunal Supremo "confirma que este tipo de reclamaciones prescribe a los 15 años, lo que todavía permite a aquellos afectados iniciar los procedimientos dirigidos a recuperar su dinero, pues la mayoría quedaron atrapados en la burbuja inmobiliaria iniciada a partir de 2006".
Han indicado que el despacho cuenta aún "con centenares de casos pendientes de resolverse" por parte de los juzgados, relacionados con diferentes promotoras, sobre todo Aifos. Además, han señalado que con las últimas cinco sentencias "otras tantas familias recuperarán cerca de medio millón de euros que habían anticipado sobre viviendas en diferentes lugares de Andalucía, que nunca se terminaron".
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