En la vista, el letrado de la Coordinadora de Afectados por Harinas Porta, Alfonso de Meer, insistía en que el decreto firmado en julio de 2006 por el alcalde Fernando Elboj para autorizar la reapertura de las instalaciones no se ajustó a la legalidad ya que no se llevaron a cabo las medidas legalmente establecidas.

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento, Fernando Sáenz de Buruaga, defendía que el consistorio ha respetado todas las disposiciones legales de la ley urbanística en relación con las pequeñas obras realizadas por Porta para adaptar sus instalaciones.

Añadía que todos los pasos que dio el consistorio se vieron ratificados por el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón.

Por último, Ángel Aguirre, el letrado del empresario José Porta, responsabilizaba al representante legal de los vecinos de "tergiversar" los hechos, al no incorporar entre las pruebas presentadas declaraciones e informes contrarios a su demanda. Sin embargo, admitía que aunque los trámites para la reapertura de las instalaciones se realizaron en un marco jurídico "complejo", las gestiones realizadas se ajustaron en todo momento a la legalidad.

La demanda ha quedado vista para sentencia, y podría hacerse efectiva en el plazo de tres semanas.

Harinas Porta

Harinas Porta atraviesa complicaciones desde que en abril de 2005, cuando una explosión en la planta ubicada en el casco urbano de Huesca causó cinco muertos y 14 heridos.

De hecho, todavía debe celebrarse la vista sobre la explosión, por la que el Fiscal pide tres años de cárcel para el empresario, la acusación popular, encabezada por CC.OO., 62 años y la defensa, la libre absolución de su representado.

Así mismo, el empresario se tendrá que enfrentar a una reciente nueva causa, la que ha presentado por vía penal el promotor José Buil por los desperfectos que la explosión del 14 de abril de 2005 provocó en unas propiedades colindantes del mencionado promotor.

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