Por ello, los empresarios de viviendas turísticas se han mostrado contrarios al contenido de la memoria de la revisión del Plan Territorial Insular (PTI), que afirma que las viviendas y estancias turísticas suponen una menor capacidad de renta.

"Esta afirmación no ha sido contrastada en Menorca y choca frontalmente con las cifras que manejamos", han indicado desde Viturme, quienes han añadido que su estudio pone de manifiesto que el sector de viviendas turísticas de la Isla es generador de un impacto económico directo e indirecto cercano a los 90 millones de euros y crea cerca de 1.470 puestos de trabajo durante todo el año.

"Estos datos no contemplan los beneficios directos e indirectos que los usuarios de estancias turísticas destinan a los diferentes sectores de servicios turísticos, comercio, restauración, alquiler de vehículos, actividades náuticas y de ocio, entre otras", han remarcado.

Viturme ha subrayado que el alquiler de viviendas turísticas es una actividad económica "que no se puede menospreciar porque los beneficios que aporta a la economía y a la sociedad local son más que evidentes".

Además, han destacado que se trata de un negocio turístico que ha beneficiado hasta el momento a muchas familias menorquinas cuyas rentas del alquiler "suponen un alivio para su economía porque permitía, por ejemplo, pagar los estudios universitarios de los hijos, un viaje vacacional al año fuera de Menorca o cambiar de vehículo cuando era necesario".

"La incomprensible postura de la administración pública, claramente contraria a esta actividad, afecta a uno de los sectores turísticos que más beneficia a la economía local y pone en serio peligro el proyecto de vida de muchos menorquines, que ven con tristeza que se les prohíbe obtener un rendimiento económico, totalmente legítimo, de su propiedades", han concluido.