Así lo ha expuesto en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno el vicepresidente de Derechos Sociales del Ejecutivo, Miguel Laparra, quien ha manifestado que es un plan "ambicioso" en cuanto "a lo que supone de transformaciones cualitativas del conjunto del sistema". El presupuesto del plan, ha dicho, asciende a 668.278.614 euros.

El Plan, ha detallado Laparra, "hace una apuesta importante por conseguir la máxima autonomía de las personas con discapacidad: impulsa un cambio de modelo en la atención, con servicios más comunitarios e inclusivos, compartidos con el resto de la población y en los que priman las preferencias de las personas sobre los criterios organizativos (servicios sociales, salud, educación, empleo); y define un área específica de accesibilidad, alineada con la Ley Foral de Accesibilidad Universal".

Por otra parte, ha comentado, propone acciones específicas dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de las personas con discapacidad, líneas de formación en discapacidad para los profesionales que intervienen directamente con ellas, pero también para empleados de la Administración y para la población en general, y apuesta por la innovación social y tecnológica que permita mejorar la calidad de los servicios y en definitiva, la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Según se recoge en el Plan, "la discapacidad ha de ser objeto de atención específica y preferente por parte de las políticas públicas". Por un lado, ha precisado el Ejecutivo, porque suele implicar unas necesidades de apoyo (personal o técnico) para realizar las actividades de la vida diaria. Por otro lado, porque "la discapacidad es un factor de desigualdad y mayor vulnerabilidad a la exclusión, derivada sobre todo de la discriminación y segregación que históricamente ha vivido este grupo".

Además, la discapacidad es una contingencia que, en mayor o menor medida, y en ocasiones acompañada de dependencia funcional, va a estar presente en buena parte de la población durante su proceso de envejecimiento, ha añadido. Por ello, se estima que este grupo de personas aumente proporcionalmente sobre el conjunto de la población, por lo que el Gobierno entiende que es fundamental planificar y desarrollar políticas que faciliten apoyos y recursos necesarios y eliminen barreras del entorno, para garantizar su inclusión social y facilitar su acceso a una vida independiente.

SIETE OBJETIVOS GENERALES

El plan se articula en siete objetivos generales, "centrados en dar respuesta a las necesidades de apoyo a las personas con discapacidad para su autonomía personal e inclusión; mejorar la salud de las personas con discapacidad proporcionando una atención sanitaria adecuada y accesible y previniendo las secuelas originadas por la discapacidad; proporcionar una educación inclusiva al alumnado con discapacidad mediante los apoyos necesarios; y aumentar la tasa de empleo de las personas con discapacidad en condiciones de trabajo dignas".

Además, ha detallado el Gobierno, persigue promover las condiciones para que estas personas puedan participar en la vida social y cultural de Navarra en igualdad con el resto de la población; mejorar las condiciones de accesibilidad de los entornos, bienes, productos y servicios, en particular de aquellos de competencia pública; e incorporar la discapacidad de forma transversal en todas las políticas, servicios y actuaciones de la Administración Foral.

Estos objetivos se corresponden con otras siete líneas de actuación: autonomía personal e inclusión social; salud y bienestar; educación inclusiva; trabajo u ocupación; participación social y cultural; accesibilidad universal y diseño para todas las personas; y transversalidad de la discapacidad.

Por ello, y aunque dirigido y coordinado desde el Departamento de Derecho Sociales, el vicepresidente ha destacado que este Plan se ha construido con la participación de varios departamentos del Gobierno, incidiendo en la necesaria transversalidad de las actuaciones y definiendo diversas líneas de coordinación intersectorial imprescindibles para la consecución del plan.

Asimismo, ha comentado el Gobierno, "el plan subraya líneas específicas de acción para las mujeres con discapacidad, dirigidas a salvar la doble vulnerabilidad que sufren las mujeres con esta condición; tiene en cuenta las diferentes necesidades de la población a lo largo de todo el ciclo vital y aboga por la equidad territorial, con el diseño de acciones que permitan acercar los servicios al entorno rural, buscando de esta forma la igualdad de derechos, independientemente del lugar de residencia".

El plan de discapacidad tiene un ámbito temporal de 7 años, "conscientes de la necesidad de dotar a las acciones propuestas, del tiempo necesario para su implantación y afianzamiento".

Laparra ha señalado que en el proceso de participación del mismo, han colaborado un millar de personas entre profesionales, familias y personas con discapacidad, identificando primero las necesidades sentidas y aportando posteriormente propuestas concretas de actuación.

Por último ha indicado que el plan nace con "un amplio consenso" entre las entidades del tercer sector representantes de las personas con discapacidad y el gobierno, quedando recogido en el Plan, una línea de trabajo conjunto tras su aprobación, para la definición de indicadores y el seguimiento del mismo.