La acusación particular del juicio que se celebra estos días contra ex directivos de la sociedad de valores AVA pidió para los cinco imputados penas de cinco años de prisión para cada uno de los acusados por varios delitos societarios y de insolvencia punible, ocurridos en 1996, y que afectaron a más de 10.000 inversores, la mayor parte de ellos zaragozanos. Este juicio es sólo una rama del que se encuentra abierto en la Audiencia Nacional de Madrid.

Los abogados defensores de los cinco acusados intentaron que se suspendiera el juicio, alegando que la causa que se juzgaba era la misma que está abierta en la Audiencia Nacional. El presidente del tribunal, Julio Arenere, no estuvo de acuerdo, y el juicio continuará celebrandose hasta el viernes con normalidad.

Los 18 acreedores que han presentado la querella pretenden demostrar la responsabilidad de todo el Consejo de Administración de AVA en la causa, y de la empresa auditora Ernst & Young, que revisaba las cuentas de la sociedad de valores.

En al primera sesión de la vista oral celebrada la mañana del lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza se juzgó a Enrique Coronado, ex consejero delegado de AVA, Juan José Camacho, ex director general de la sociedad, la miembro del consejo de Administración, Pilar Barrio, el ex interventor Gonzalo Marqués y el representante de la empresa auditora Ernst & Young, Benicio Felipe Herranz.

Todos los acusados se declararon inocentes de los hechos que se les imputan, y aseguraron que ninguno de ellos tuvo "ninguna responsabilidad" en los hechos, aunque Camacho afirmó que fue él quien firmó la suspensión de pagos.

Por su parte, Benicio Felipe Herranz, representante de la empresa auditora, reconoció que se encargó de realizar la auditoría de las cuentas de AVA en 1995 y 1996, pero aseguró que no detectó "ninguna irregularidad".

Además, momento antes del juicio, el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros, Adicae, Manuel Pardos, pidió a la fiscalía que tomara como parte de la acusación no sólo a los 18 acreedores, sino a otros 3.500 afectados por la suspensión de pagos.

El caso se remonta a 1998, cuando el banco Socimer International Bank Limited presentara una suspensión de pagos desde su sede de las Islas Bahamas, donde AVA ubicaba sus valores, y fuera intervenida la sociedad por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

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