El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Luis María Beamonte, ha expresado el "firme compromiso" de su partido "por el mantenimiento y el fortalecimiento de las políticas sociales públicas".

Así lo ha señalado tras visitar el Centro de Día Vadorrey de la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón (DFA), en Zaragoza, donde ha subrayado "la defensa de la persona como eje fundamental de la acción política y la defensa, también, de los colectivos que se preocupan por las personas".

El PP ha explicado en una nota de prensa que, en Aragón, alrededor de 117.000 personas sufren algún tipo de discapacidad, la mayoría en el ámbito de la movilidad y el programa 'popular' apuesta por la defensa de las políticas sociales públicas y plantea evolucionar la gestión "desde el proteccionismo hacia las oportunidades y la oferta de alternativas".

Al respecto, Beamonte ha esgrimido que hay que proteger siempre "a quien peor lo pasa y más lo necesita, y hacerlo precisamente ofreciendo más oportunidades", para recalcar que la pretensión de su partido es ampliar los recursos sociales para que puedan acceder a ellos "en plenitud de derechos" los aragoneses que por edad, circunstancias personales, económicas y sociales requieren de mayor atención.

"Tenemos la necesidad de aportar más recursos, que significa que se puedan concertar más plazas, más ayuda a los centros especiales de empleo, que se haga un plan para que se ayude a las familias, a los jóvenes, a nuestros mayores, a las personas dependientes, a las personas con capacidades distintas", ha expuesto.

En concreto, Beamonte ha abogado por plasmar en el Boletín Oficial de Aragón las principales demandas de este sector, que son aumentar la oferta de empleo a través de la función pública y de los centros especiales de empleo, ampliar el presupuesto autonómico para estas entidades, mejorar la accesibilidad en el transporte interurbano y facilitar el acceso a la vivienda.

La visita a las instalaciones del barrio de Vadorrey ha ejemplificado el reconocimiento explícito del Partido Popular "al trabajo, el esfuerzo, la dedicación y el papel de éxito" de las entidades sociales y del tejido asociativo aragonés en la consecución del bienestar "por lo que les otorgaremos una posición prioritaria ante la Administración que se manifestará en el diálogo abierto y permanente y en un trabajo bidireccional continuo", ha dicho el candidato.

APLICAR LA LEY

Beamonte ha señalado que la atención a las personas con capacidades diferentes pasa por aplicar la ley aprobada por unanimidad de todos los partidos de las Cortes de Aragón hace poco más de mes y medio, texto legal participado por las asociaciones y entidades del sector que, en su articulado, recoge medidas relacionadas con la sanidad, la educación, la vivienda, el transporte, la accesibilidad, la participación política y social.

La intención del PP al apoyar esta ley en el Parlamento regional ha sido garantizar a las personas con discapacidad sus derechos bajo los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como definir los mecanismos para hacerlos efectivos, algo que consiguieron integrar en el texto aprobado, han comentado desde esta formación.

Además, para elevar el rango de estas políticas en la estructura del Gobierno, el Partido Popular planteó la creación de un órgano de coordinación adscrito al Departamento de Presidencia con la función de coordinar e impulsar todas estas acciones.

Otra de las iniciativas definidas por el PP es actualizar la cartera de servicios de la Administración autonómica y su extensión a los pequeños y medianos municipios, la aprobación de un Plan Especial de Empleo cuya acción se extienda al trabajo ordinario de autónomos y empresas, y la adecuación de la Formación Profesional a este amplio colectivo.

DIFERENCIACIÓN POSITIVA

El programa del PP también apuesta por impulsar la igualdad mediante la diferenciación positiva de las personas con capacidades distintas en áreas como la fiscalidad, con el aumento hasta el 10 por ciento de la deducción por adquisición, reforma o rehabilitación de vivienda, o la bonificación de hasta el 35 por ciento en las operaciones inmobiliarias a las personas con un grado de discapacidad superior al 33 por ciento.

Este partido también propone favorecer no solo el acceso a la educación, sino la permanencia y, para eso, reforzar el modelo público de Atención Temprana, "eliminando las listas de espera de hasta ocho meses que sufren los niños aragoneses para acceder a esta prestación", e incluso ampliarla hasta los 12 años -actualmente se ofrece de 0 a 6-, así como la implantación de un programa de atención Postemprana que integre a las personas con discapacidad hasta los 21 años.

Además, el PP plantea ayudar a las familias mediante la ampliación del apoyo institucional en los ámbitos psicológico, legal y económico, también la prestación de nuevos servicios públicos de atención y su extensión al ámbito rural en las áreas de educación, empleo, vivienda y transporte.

Igualmente, contempla el mantenimiento de la financiación pública a las sociedades, fundaciones y entidades "integrando los principios de sostenibilidad en el tiempo, independencia del Gobierno y transparencia en la gestión y distribución de las subvenciones y, por último, la promoción de la sensibilidad social".

UNA DEUDA CON LAS PERSONAS DEPENDIENTES

El PP ha considerado que la Administración autonómica "mantiene una deuda" con las personas dependientes y, de manera especial, con aquellas que sufren un mayor grado de discapacidad.

En Aragón, a 31 de marzo de 2019, y según los datos de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, el porcentaje de personas con problemas graves y muy graves de discapacidad, Grado II y Grado III, pendientes de recibir la prestación estaba por encima de la media nacional pese al sustancial aumento del presupuesto autonómico, y más del 18 por ciento de aquellos que tenían concedida la ayuda aún no la había cobrado, han detallado desde el PP.

Asimismo, este partido ha abogado por aumentar las plazas residenciales tanto públicas, como concertadas, agilizar la aplicación de la Ley de Dependencia para que, de manera gradual y a lo largo de la legislatura, no transcurra más de un mes entre la presentación de la solicitud y la percepción de la prestación.

Complementariamente, el PP quiere priorizar la resolución administrativa de los expedientes que afectan a los grandes dependientes y mejorar la situación de los profesionales que prestan los cuidados "mediante la estabilidad en el empleo y la dignificación de sus condiciones de trabajo".