En su informe, fechado el pasado 24 de abril y recogido por Europa Press, la interventora de fondos del Ayuntamiento de Gerena se remonta al año 2017, cuando dada la conocida condena previa al anterior secretario interventor del Consistorio a ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, la Secretaría y la Intervención municipal fueron ocupadas por separado por dos habilitadas nacionales.

Y es que fruto de dicho relevo fueron emitidos sendos informes respecto a una "serie de deficiencias" que reflejaban la "grave y delicada" situación del Ayuntamiento, por la "inexistente y caótica organización municipal en general y de la gestión económica, la falta de registro o sistema de recepción de facturas, retrasos en la contabilidad y en la aprobación de las liquidaciones y cuentas generales, la contabilidad municipal no es reflejo de la imagen fiel, la existencia de cantidades pendientes de pago y cobro de fin de ejercicio sin justificación ni soporte o la imposibilidad de conciliar saldos bancarios".

A tal efecto, recuerda la interventora que merced a dichos informes, "se fueron adoptando una serie de medidas y se dictaron una serie de instrucciones generales en orden a reconducir dichas deficiencias", toda vez que este nuevo informe se emite ante "las anomalías o deficiencias que se aprecian en el sistema contable, siendo estos muy evidentes, a causa de los cuales se puede incurrir en el presente y futuro en responsabilidades no sólo de los funcionarios a cargo del manejo de fondos públicos, sino también de los órganos gestores".

Entrando al detalle, el informe señala que en el remanente de tesorería de 2017 media un "saldo en las partidas de pagos realizados pendientes de aplicación definitiva por importe" de 3,33 millones de euros, lo que supone un 58 por ciento del presupuesto de municipal de 2017, prorrogado en la actualidad. Ante tal situación, los funcionarios municipales preguntados por la autora del informe habrían alegado que tal extremo derivaría de un "modo de operar por pagos pendientes de aplicar que empezó a llevarse a cabo a partir de 2011 por la necesidad de contabilizar y liquidar a tiempo, pues en otro caso podían sufrir retenciones en la PIE".

"Se pone de manifiesto que venía haciéndose uso de la cuenta 555 o de 'pagos pendientes de aplicar' de manera habitual a final de año, cuando debía ser excepcional, y cuyos saldos aún a esta fecha representan una cuantía muy significativa", avisa al respecto la interventora de fondos.

El remanente de tesorería de 2017 reflejaría además "un saldo de obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados" por valor de 3,98 millones de euros, extremo que la interventora atribuye a la práctica de operaciones contables para la "realización desacompasada de los gastos con financiación afectada, fundamentalmente entre 1997 y 2015, y otros gastos con problemas de consignación durante el ejercicio".

"SALDOS ANÓMALOS"

Igualmente, el informe de la interventora de fondos avisa de "anomalías en el registro contable de los fondos de la tesorería municipal", incluyendo dicho capítulo del documento "saldos anómalos" o diferencias de arqueo y "cuentas bancarias al margen de la contabilidad", pues "se han comprobado algunos extractos bancarios, de ejercicios anteriores a 2016, relativos a cuentas bancarias que no se registraban en la contabilidad".

Tras proponer diversas fórmulas para "depurar" estas "anomalías", la interventora municipal de fondos insiste en la existencia de

"numerosas debilidades en los sistemas de información y registro, sistemas de control interno o contables, con todos los riesgos e inseguridades que de cara al presente y futuro ello supone en la responsabilidad de la gestión municipal".

"Estamos ante anomalías procedentes de ejercicios cerrados, por lo que se ha podido averiguar hasta el momento, que afectan a la contabilidad municipal del presente y futuro, y que en su momento no fueron corregidas u objeto de depuración, por lo que hace preciso actuar mediante la elaboración de los trabajos descritos, para intentar conseguir que la contabilidad y las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto", indica la funcionaria, que al no contar con medios por sí misma para estas labores "adicionales" a su trabajo ordinario aboga por "contratar un servicio de auditoria o asesoría contable especializada".

"Teniendo en cuenta del alcance y trascendencia que puede tener la realización de los citados trabajos a realizar, debe darse traslado de manera inmediata del presente informe al pleno, al Ministerio de Hacienda, a la Cámara de Cuentas y al Tribunal de Cuentas", concluye la interventora municipal de fondos.