Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios en Valderas (León), en relación a la decisión del TSJCyL de anular la exención de licencia ambiental concedida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las explotaciones ganaderas intensivas, mediante el Decreto 4/2018.

Al respecto, Suárez-Quiñones ha explicado que se ha dictado una sentencia que anula "parte" de un decreto de la Junta al tiempo que ha subrayado que tras conocerse el fallo "los ecologista han salido aplaudiendo" a lo que ha añadido que "cuando los ecologistas más extremos aplauden decisiones hay que echarse a temblar porque siempre es algo contrario al desarrollo del medio rural".

Seguidamente, el consejero ha aseverado que la Junta cumple las resoluciones al tiempo que ha explicado que el decreto anulado

"tiene una intención muy sencilla" y es "poner las menos trabas posibles y facilitar los trámites administrativos" cuando alguien quiere impulsar un proyecto en el medio rural.

Al respecto, ha significado que se trata de un decreto que surge de un acuerdo de la Junta para reducir las cargas administrativas pero, "diferenciaba" entre instalaciones industriales en el campo invasivas, que "están y estarán sometidas a autorización ambiental rigurosa", e instalaciones "menos invasivas con el medio ambiente" y a las que se trata de facilitar la tramitación administrativa "pero cumpliendo unos requisitos".

Por ello, cree que Ecologistas en Acción "ha faltado a la verdad" con la nota de prensa que han remitido a los medios en la que dicen

que "cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves" tampoco se podrán ubicar en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan, "que era lo que pretendía la Junta.

No obstante, Juan Carlos Suárez Quiñones reconoce que no ha estudiado en profundidad el fallo pero considera que no hay "tacha de irregularidad" en facilitar la labor de los empresarios de las explotaciones menos intensas.