Santisteve (ZEC) defiende la gestión pública, transparente y justa del agua

  • El candidato de Zaragoza en Común a la reelección en la Alcaldía de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, ha defendido este martes una gestión transparente y pública del agua, un bien que considera que debe ser atendido como un derecho. Así lo ha asegurado tras un encuentro con la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA).
Zaragoza.- CAVA pide que el Europarlamento inste a Gobiernos de España y Aragón a ejecutar obras de depuración de aguas
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EUROPA PRESS - Archivo
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En este sentido, Santisteve ha recordado que los habitantes de Zaragoza se están viendo obligados a pagar un impuesto "injusto", en referencia al Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) elaborado por el Ejecutivo autonómico de Javier Lambán para "tapar el desfalco todavía no aclarado del plan de depuración de aguas".

Ocho de cada diez hogares zaragozanos han visto cómo el recibo del ICA ha aumentado entre un 75 y un 108 por ciento. Todo ello para "pagar los sobrecostes de depuradoras construidas en todo el territorio aragonés bajo el mandato de gobiernos autonómicos de PP y PSOE", ha aseverado.

El volumen de impagados asciende a más de 106.000 recibos en la capital aragonesa, algo que "demuestra que la ciudadanía percibe este impuesto como injusto". De esta manera, la formación reafirma su posición de "no ceder en la legítima reclamación del impago". Además, recuerda que se han presentado más de 1.600 reclamaciones económico-administrativas contra esas liquidaciones, que obligarán al Gobierno de Aragón a pronunciarse formalmente.

Zaragoza en Común insiste en que es responsabilidad del Ejecutivo autonómico resolver su deuda patrimonial con los ayuntamientos del resto del territorio aragonés, pues "fue esta administración la que incumplió el convenio con el Gobierno de España al recibir los 140 millones de euros sin destinarlos a la construcción de depuradoras".

Asimismo, asegura que desde el Ayuntamiento de Zaragoza apoyarán cualquier iniciativa que promueva la revisión del impuesto y la formulación de acuerdos y convenios para la "justa, transparente y pública" gestión de las aguas y su depuración en todos los ayuntamientos afectados.

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