Así lo ha indicado este viernes en un comunicado después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna (Valencia) haya citado a declarar a Soriano y Marco a raíz de la querella presentada por el PP por prevaricación en la adjudicación de un contrato por 1,3 millones a una empresa para la producción de la serie 'La Tramuntana' y en contratos menores suscritos entre 2017 y 2018 con diez personas físicas y de tres directivos sin cumplir los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Ambos declararán el 20 de junio.

Según ha explicado la CVMC en un comunicado, el programa objeto del contrato de producción audiovisual, con el título original de 'La Tramuntana', fue uno de los proyectos seleccionados "por unanimidad" por el Alt Consell Consultiu de l'Audiovisual, con una consulta preliminar de mercado previa convocada por la Presidencia de la Generalitat antes de que À Punt estuviera en funcionamiento.

El Consell Rector de la CVMC autorizó la contratación, también por unanimidad, de los miembros presentes en la reunión y el contrato fue firmado por el presidente de la corporación.

En esta línea, precisa que el contrato de la serie de ficción 'La Tramuntana' y todos los elegidos por el Alt Consell Consultiu se redactaron con el asesoramiento de una empresa externa con sede en Madrid "siguiendo exactamente el mismo procedimiento y sin cometer ninguna infracción legal".

De hecho, ha recalcado la corporación, el contrato "no incumple la legislación de contratos del sector público, puesto que se trata de una propiedad incorpórea y, por lo tanto, se encuentra dentro de los contratos y negocios excluidos por la misma legislación". La serie, que finalmente cambió de título por el de 'La Vall', ha sido auditada y emitida en À Punt y en la actualidad se encuentra disponible en la web.

En cuanto a los contratos menores, la CVMC ha apuntado que se encuentran "dentro de los límites legales" y se realizaron "a propuesta del técnico responsable. Además, se encuentran publicados en la web de la CVMC en el apartado de 'Transparencia', mientras que los contratos a los directivos de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) se subscribieron con la "autorización de la Conselleria de Hacienda y del Consell Rector".

En esta línea, añade que las consideraciones a las que se refiere la querella "son consecuencia del informe emitido por la Sindicatura de Cuentas de 2017, que no advirtió de ninguna actuación de la CVMC ni de la SAMC que pueda apoyar a la querella presentada por Jorge Bellver, diputado del Partido Popular en Les Corts".