El exregidor y el exconcejal fueron juzgados por supuesta prevaricación administrativa, en relación al pago de 134 facturas emitidas a varias empresas, a las que se adjudicaron obras y servicios de forma directa, sin proceso de licitación.

En todos los casos, el interventor presentaba reparos al pago de las facturas y el reparo era levantado posteriormente por decreto del alcalde, para proceder al abono de esas facturas, emitidas entre 2010 y 2013.

El juzgado Penal dictó sentencia absolutoria en la que admitía que se habían adjudicado y pagado esos servicios al margen de la ley de contratación pública, pero justificaba dicha absolución por la "imposibilidad" del Ayuntamiento de O Porriño de licitar esos contratos en un plazo breve de tiempo, ya que no disponía de personal suficiente ni adecuado para hacer la tramitación.

La Fiscalía recurrió ese fallo, dictado en junio del año pasado, y ahora la Audiencia ha rechazado ese recurso de apelación y ha confirmado la sentencia, en una resolución firme.

En la misma línea que el juzgado de primera instancia, el tribunal provincial ha incidido en que "la mera ilegalidad de la decisión no es suficiente para la integración del delito" y que las normas administrativas "prevén supuestos de nulidad controlables por la jurisdicción contencioso-administrativa".

"En suma, no concluye el juzgador con la necesaria certeza que se haya tratado de una actuación que respondiera única y exclusivamente a su voluntad y capricho, sino que, y ahí radica la diferencia con otros supuestos, queda la duda sobre la real posibilidad de licitar los contratos", ha señala la Audiencia.