Según recoge la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consultada por Europa Press, de estas 7.745 denuncias, cuya mayoría provienen de atestados policiales con denuncia de la propia víctima, un once por ciento ha renunciado a continuar el proceso. En concreto, 850 víctimas -699 españolas y 151 extranjeras- no han querido seguir hacia adelante con la denuncia.

A raíz de estas 7.745 denuncias se han adoptado 861 órdenes de protección a víctimas que supone el 46,6 por ciento de las incoadas, que se sitúan en la cifra 1.853. De otra parte, han sido denegadas 943 órdenes de protección (el 50,8 por ciento) mientras que 49 órdenes de protección (un 2,6 por ciento) han sido inadmitidas.

En cuanto a las sentencias dictadas en relación a las 7.745 denuncias recibidas en 2018, se ha realizado un total de 386 fallos, de los cuales 147 han sido condenatorios (un 38 por ciento) y 239 han sido absolutorias (el 62 por ciento restante).

Con todo, la provincia de Sevilla es la segunda de Andalucía, con respecto al número de denuncias recibidas, órdenes de protección adoptadas y sentencias dictadas por detrás de Málaga con, concretamente, 8.427 denuncias recibidas, 1.049 órdenes de protección adoptadas y 441 sentencias dictadas.

Por último, en cuanto a sentencias condenatorias, al provincia de Sevilla se sitúa en tercer lugar del ámbito andaluz por detrás de Granada (con 283 fallos condenatorios) y Málaga (con 203 sentencias condenatorias).