Así lo han explicado fuentes fiscales, quienes han precisado que en el caso del informe se trata de un documento elaborado por la Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía en el que se indica que no se puede cuantificar el perjuicio patrimonial por no haberse tramitado los expedientes.

Asimismo, han apuntado que el delito de malversación que estaba en vigor en 2013, cuando comenzaron a tramitarse las sanciones, no encaja con los hechos que se están viendo en esta causa. Han apuntado que tras haberse desvinculado este delito, se descarta que haya corrupción, aunque la Fiscalía especializada seguirá encargada del caso.

Porras, Pomares y Cardador declararon este pasado jueves como investigados en el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que lleva la causa sobre presuntas injerencias en la tramitación de expedientes sancionadores urbanísticos en la zona de Villas del Arenal.

El procedimiento se inició tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía en la que pedía que se investigaran posibles delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación ante las manifestaciones de exjefes de urbanismo en la comisión municipal de investigación sobre expedientes de infracciones urbanísticas.

No obstante, ahora, la causa sigue por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias para los tres procesados, sumándose el de falsedad documental en el caso de Pomares y Cardador, después de que la Fiscalía también desvinculara este pasado jueves a Porras de este último delito.

Las defensas de los investigados ya han anunciado que pedirán el archivo de las actuaciones una vez terminen las declaraciones de testigos previstas. La próxima citación será el día 30, cuando comparecerán cinco testigos, entre ellos los tres excargos de Urbanismo que pusieron de manifiesto estas presuntas irregularidades; y la última el día 7 de mayo, cuando comparecerán otros cuatro.