El Govern ha actualizado los servicios de apoyo a la gestión de procesos vinculados a la prestación de renta garantizada de ciudadanía a la auditora Deloitte, tras publicar un concurso por valor de 1,1 millones de euros.

Según ha avanzado 'El Periódico', el Departament ha optado por esta fórmula al no disponer de suficientes recursos para impulsar este "nuevo derecho" que ha generado una "gran expectativa".

Fuentes del Departament han explicado, no obstante, que este procedimiento es habitual en la administración pública y que si no se ha hecho antes es por una cuestión de plazos.

En el informe, el Departament considera que la contratación de una empresa que gestione este servicio de apoyo "es necesario" para garantizar el funcionamiento "correcto" de la gestión de esta prestación. La función principal de esta compañía será dar apoyo a la gestión de los procesos de la prestación que necesitan un "despliegue inmediato" y garantizar así una gestión "eficiente" de la prestación.

El contrato se prevé hasta finales de 2019, con posibilidades de prórroga un año más, para conseguir que la empresa adjudicataria pueda alcanzar mejoras "de eficiencia y eficacia" en la prestación del servicio.

Desde el Departament aseguran que el servicio que se contrata es eminentemente técnico y basado en la gestión informática y del aplicativo y que por eso se busca una empresa especializada que se encargue de mejorarlo y actualizarlo, además de hacer una tarea de formación de personal.

La gestión de los expedientes continuará en manos de personal del Departament que ya contrató a 400 personas con este objetivo. La supervisión se mantendrá en manos de los funcionarios.

Fuentes del Departament han explicado que la implementación de la RGC generó "un tapón" en sus inicios por las altas expectativas generadas por este derecho pero que la mayoría de solicitudes no cumplen los requisitos establecidos por la ley.

Según los últimos datos publicados por el Departament, casi 119.000 personas se benefician actualmente de la RGC. Hasta el 11 de enero de 2019, se han registrado 81.172 solicitudes entre RGC, complementos de otras pensiones, prestaciones y ayudas y complementos de pensiones no contributivas.

La mayor parte de denegaciones, entre septiembre de 2018 y enero de 2019, se han dado por superar los ingresos establecidos en la ley, seguido de trabajar a jornada completa. Entre septiembre de 2018 y enero de 2019 se han aprobado el 21% de las solicitudes, el doble que la media del primer año, que fue del 10%.