Asimismo, para otoño están previstas las unidades de Benidorm y Elche en la provincia de Alicante y Paterna y Torrent, en la de Valencia. Los profesionales de estas UVFI, mientras tanto, atienden las peticiones de sus respectivos partidos judiciales desde las sedes de las capitales de provincia, según han indicado fuentes de la Conselleria a Europa Press.

Desde Justicia han explicado que "cuando se produce una agresión o una muerte de una mujer a manos de su pareja o expareja, entre las preguntas que se formulan destacan si la víctima había denunciado previamente algún caso de maltrato y

si contaba o no con medidas de protección" y "son los jueces y los fiscales -cada uno en su ámbito- los que deciden qué medidas de protección son necesarias en cada caso".

Para que puedan tomar esa decisión, cuentan con los informes elaborados por las Unidades de Valoración Forense Integral, que dependen de los Institutos de Medicina Legal de los diferentes partidos judiciales. La Comunitat Valenciana es, desde enero de este mismo año, la única autonomía que tiene Unidades de Valoración de carácter comarcal de forma que este recurso está más al alcance de cualquier posible víctima de maltrato sin que importe su lugar de residencia.

Hasta este mismo año, las Unidades de Valoración Forense Integral de (UVFI) estaban en los tres Institutos de Medicina Legal radicados en las capitales de provincia (Castellón, Valencia y Alicante).

Esta disposición, en la práctica, suponía, tal y como explica la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, "la existencia de una Administración de Justicia de dos velocidades porque dependía de dónde se hubiera producido el supuesto maltrato que la redacción de un informe de una UVFI fuera más o menos operativo a causa de la distancia y la carga de trabajo de las unidades radicadas en las tres capitales".

De hecho, esta "disfunción" fue uno de los problemas detectado por un grupo de trabajo creado a instancias de la Conselleria de Justicia que reunió a jueces, fiscales, abogados, médicos forenses, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y expertos en trabajo social. Esta comisión, además, señaló que este efecto podía haber incidido en el hecho de que los órganos judiciales, durante los años 2017 y 2018, "habían solicitado un número bajísimo de estos informes".

REDUCIR LA BRECHA ENTRE LAS VÍCTIMAS

Según la consellera Bravo, "ante esta situación se decidió crear las unidades comarcales para que el servicio especializado abarcara todas las demarcaciones y acercara este recurso a todos los operadores jurídicos y no sólo a aquellos ubicados en las capitales de provincia".

Para la titular de Justicia del Consell, "así reducimos la brecha que podría darse entre las víctimas dependiendo del lugar donde vivan".

De esta forma, en enero de 2019 se crearon nueve unidades comarcales para completar el mapa iniciado por las tres ya existentes en las capitales de provincia. Cada una de ellas está compuesta por un médico forense, un psicólogo y un trabajador social.

Estos profesionales son los encargados de valorar, en cada caso, los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas de la violencia de género; las posibles consecuencias de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por los hijos y las hijas y menores a su cargo; la incidencia, la peligrosidad objetiva y el riesgo de reincidencia del supuesto agresor, y la valoración relativa a los procedimientos civiles que afecten a las víctimas de violencia de género contemplados en la legislación vigente.

En los informes, además de la valoración del riesgo se incluyen indicadores de maltrato psicológico, baremación de daño psíquico y estudios sobre la repercusión de la violencia en menores de edad que puedan estar implicados en el asunto. "No es sólo un informe forense al uso con un diagnóstico médico de lesiones físicas y daños psíquicos -resalta la consellera- sino que también incluye un informe pormenorizado con datos relevantes sobre la situación general de la víctima de maltrato desde el punto de vista económico, social y familiar para que el juez, el fiscal o el cuerpo policial competente puedan tomar la mejor decisión teniendo en cuenta todos los factores en juego".

Un total de 30 profesionales entre forenses, psicólogos y trabajadores sociales atienden las diferentes UVFI. Son unidades multidisciplinares dependientes de las jefaturas del servicio de los Institutos de Medicina Legal ubicadas en las tres capitales de provincia.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Su configuración territorial permite que se cubran todos los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana. En la provincia de Valencia se ubican en Gandia (para cubrir los partidos de Gandia, Ontinyent, Sueca y Xàtiva); Torrent (Torrent, Mislata, Quart, Requena); Paterna (Paterna, Llíria, Massamagrell, Moncada, Sagunt), y Alzira (Alzira, Carlet, Catarroja, Picassent).

En la provincia de Alicante se sitúan en Elche (Elche, Orihuela, Torrevieja, Novelda); Benidorm (Benidorm, Dénia, la Vila-Joiosa), e Ibi (Ibi, Alcoy, Villena, Elda), mientras que en la de Castellón, en Vila-real (Vila-real, Segorbe y Nules) y Vinaròs (Vinaròs).

A todas ellas hay que sumar las unidades provinciales radicadas en los Institutos de Medicina Legal de Castellón, Valencia y Alicante. Ahora mismo se están ultimando los trabajos para dotar las sedes físicas de algunas de las unidades.

Antes del verano estarán operativas las de Ibi, Gandia, Alzira, Vila-real y Vinaròs y para otoño están previstas las de Benidorm, Elche, Paterna y Torrent. Los profesionales de estas UVFI, mientras tanto, atienden las peticiones de sus respectivos partidos judiciales desde las sedes de las capitales de provincia.

La Conselleria de Justicia ha creado ya las nueve plazas de psicólogos y otras nueve plazas de trabajadores sociales, así como otras tantas plazas de médicos forenses que serán los que dirijan cada unidad.

Son profesionales que ya están operativos tras recibir la correspondiente formación especializada y se encuentran actualmente trabajando en las sedes judiciales de Valencia, Castellón y Alicante. Los Presupuestos de la Generalitat para 2019 incluyen 1,2 millones en inversión para estas nuevas oficinas y para el refuerzo de las plantillas.

"La Comunitat Valenciana ha sido la primera que ha puesto en marcha este nuevo modelo que apuesta por la proximidad, la especialización y por la atención multidisciplinar de las víctimas para luchar contra el terrorismo machista desde todos los ángulos posibles", ha concluido la consellera de Justicia.

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