El director de Recursos Humanos de Divalterra, Vicente Domingo, acudió el 26 de enero de 2018 al despacho de José Luis Pellicer, responsable de Derecho Público, para advertirle sobre un correo que les había enviado el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, y una reunión con este último y la Dirección-Gerencia de la empresa pública.

En concreto, Domingo le dijo a Pellicer: "Este asunto de los altos cargos es todo una ilegalidad y una mangarrufa por dos motivos: Cuerda y Presidencia están saltándose el EBEP -Estatuto Básico del Empleado Público- y retorciendo la ley para realizar unas contrataciones con justificaciones absurdas y están dejando al margen a la otra directora-gerente, la señora Brines (Agustina Brines, entonces gerente por parte de Compromís)".

Así consta en la denuncia presentada por Pellicer y el director económico-financiero de Divalterra, José Luis Castellote, incluida en el sumario a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press.

Ante estas consideraciones del responsable de RRHH, Pellicer le recomendó denunciar los hechos a la Agencia Antifraude y a Fiscalía Anticorrupción, a lo que Domingo alegó "miedo" y que tenía que "pagar la hipoteca de la casa donde vive su familia".

En esta línea, este trabajador de Divalterra relata en la denuncia que recibió una llamada el 20 de octubre de 2017 por parte del secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, con "presiones y coacciones" para que, "contra lo acordado por el Consejo de Dirección de Divalterra (órgano interno creado por el presidente, Jorge Rodríguez), incluyera en la propuesta de Orden del Día del Consejo de Administración los asuntos de un convenio, el cese de Pellicer como secretario del Consejo y el posterior nombramiento de Cuerda como tal".

"Tras preguntar el señor Cuerda si el presidente está al corriente de ello, Cuerda se pone a gritar, ante lo cual el señor Pellicer cuelga el teléfono e informa a la gerente, la señora Brines, quien confirma que esos asuntos no se acordó tratarlos en el Consejo de Administración", indica la denuncia.

También recoge que Cuerda requiere a Pellicer para "realizar un informe jurídico para 'legalizar' jurídicamente la contratación de los siete altos cargos de Divalterra y la contratación de dos nuevos altos cargos militantes del PSOE", a lo que Pellicer se habría negado por "lo irregular del requerimiento".

Un mes después de esta conversación, el denunciante fue citado de urgencia por Manuel Reguart, asesor del presidente de la Diputación, a una reunión en Presidencia en la que informó a Pellicer de que Jorge Rodríguez había decidido cesarlo por pérdida de confianza como secretario del consejo de Administración de Divalterra, presionándole con que "sería mejor para todos que dimitiera o renunciase al puesto en lugar de ser cesado". Pellicer se negó, por lo que finalmente fue cesado por el presidente.

"ECHAR UNA MANO CON CONTRATACIONES"

La denuncia relata otro encuentro el 18 de enero de 2018 entre Pellicer y Castellote con el director-gerente de Divalterra Xavier Simón ante la negativa de Cuerda a realizar un informe jurídico sobre el nombramiento y contratación de altos cargos y ratificación de los ya existentes por el Consejo debido a que "su informe resultaría contrario a la contratación y ratificación de los mismos por no cumplir el EBEP", propone "echarle una mano en las contrataciones que quiere hacer el presidente de dos militantes del PSOE".

En otra llamada, el 6 de febrero de 2018, Simón llamó a Pellicer para decirle que le ayudara a "disfrazar" la contratación de los altos cargos del PSOE Víctor Jiménez Bueso y Vicente Lucas Fernando Zapater porque "es un compromiso de su partido y del presidente". Según la denuncia, Pellicer le dijo que eso era ilegal y un fraude, a lo que Simón respondió enseñándole un mensaje de Whatsapp enviado por el ex jefe de gabinete del presidente Ricard Gallego, en el que le "presiona diciéndole que haga algo por dos compañeros del partido que están en el paro", al tiempo que Simón se refería a Gallego como "un hijo de puta que va a hundir al presidente y al PSOE".

La denuncia expone en sus consideraciones finales que de todo esto "se derivan fraudes de ley por funcionarios y servidores públicos que derivan en la realización de informes jurídicos falsos e injustos, con pleno conocimiento de la falsedad y con el fin de facilitar un acuerdo del consejo de administración favorable a una serie de intereses y contrataciones que en caso contrario no se hubieran producido". "Estas contrataciones, como es lógico, generan una utilización indebida de fondos públicos", añade.

"Estos informes son realizados y emitidos por Jorge Cuerda. La emisión de estos informes están planificados y realizados en connivencia, cuanto menos, con Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación y del Consejo de Administración de Divalterra, quienes actúan de forma organizada en estos ilícitos asumiendo diferentes roles, con conocimiento y voluntad de realizar una gestión desleal del patrimonio público", concluye.

"COGIDOS CON PINZAS"

Por otra parte, en un correo incluido en uno de los informes policiales incorporados al sumario, los investigadores incluyen un correo de la que fuera cogerente de Divalterra por parte de Compromís, Agustina Brines, dirigido a Jorge Cuerda, la jefa de Control Financiero de la Intervención General de la Diputación, Miriam Viton, y a Miguel Torres, jefe del Gabinete de la vicepresidenta de Maria Josep Amigó, en el que explica que adjunta el contrato del nuevo gerente (Xaver Simón) "según el que tenemos ahora pero adaptado al acuerdo de septiembre de 2016, con los máximos y el esquema del nombramiento".

"Una vez que se dé el visto bueno, haremos la novación de los otros dos, que también firmará el presidente", añadía Brines, que en ese punto reconocía: "Respecto al resto de contratos que también hay que novar, en principio irán firmados por los gerentes. Os recordamos que esos contratos están 'cogidos con pinzas', como hemos repetido en muchas ocasiones y en diferentes foros: tienen una cláusula de confianza pero no tienen poderes, o sea que se puede cuestionar la alta dirección".

"Por ese motivo -continuaba- hemos defendido que no debemos tocarlos y modificar lo mínimo posible. Se hicieron en un momento inicial de la empresa, donde veníamos de una situación de 'oscurantismo total' y no teníamos profesionales que se hicieran cargo de las líneas a poner en marcha en la antigua Imelsa". Finalmente, abogaba por "tomar decisiones al respecto" y concluía: "Con todo, os pido que le deis una vuelta al respecto. Saludos y estamos en contacto".