El expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, ha anunciado que pedirá el sobreseimiento de la causa del caso Alquería porque considera que la legalidad del nombramiento de los siete altos cargos que se está investigando está "avalada jurídicamente", por lo que, aunque afirma que puede haber "opiniones jurídicas contrapuestas", esto "nunca puede ser materia que deba tratar el juzgado de lo penal", sino que "se trata de un asunto meramente administrativo".

Por ello, solicitará declarar ante el juez "tan pronto como sea posible", ha anunciado el también alcalde de Ontinyent en un comunicado. Rodríguez "tiene intención de comparecer de forma voluntaria ante el juez para aclarar, punto por punto, un asunto que no tiene ningún recorrido penal".

"Todos los altos cargos tenían unas funciones determinadas, desempeñaron sus tareas y cumplieron con sus obligaciones, como queda de manifiesto en los archivos de la Diputación y Divalterra", ha añadido Rodríguez, por lo que, en su opinión, "es una absoluta falsedad que estos altos cargos no trabajaran".

Además, el expresidente ha afirmado que "en la denuncia se alude a un supuesto gobierno paralelo para dirigir Divalterra", cuando "en realidad el consejo de administración, donde están representados todos los partidos, fue siempre el máximo órgano de decisión de la empresa".

"Todo ello no menoscaba que se hicieran reuniones previas a las que acudían consejeros del equipo de gobierno de la Diputación, formado por cuatro partidos, para consensuar la postura del equipo de gobierno", ha manifestado.

Rodríguez ha opinado que "no se sostiene la acusación de prevaricación y, mucho menos, la de malversación de fondos". "La conclusión a la que llego es que la actuación policial fue absolutamente desproporcionada. Resulta difícil entender que se haya generado una alarma social como la que provocó el operativo policial el pasado 27 de junio y que tuviéramos que pasar una noche en el calabozo después de las acusaciones que hemos comprobado en el sumario", ha agregado.

Para Rodríguez, "es difícil de asumir que se decretara el secreto de sumario que se produjera un nuevo registro el día antes de su proclamación como candidato y que se le comunique el sumario el día antes de la presentación en los juzgados de las listas municipales".

Por último, Jorge Rodríguez ha relatado: "cuando llegamos a la Diputación, nos encontramos con un informe de la Intervención General del Estado en el que se destacaba que había 670 personas contratadas en Imelsa sin ningún proceso de selección". "Entre ellas, uno de los denunciantes fue contratado a dedo en la época que fue gerente de la empresa Marcos Benavent", ha manifestado.