La historia parece propia de una novela negra o de una película de Tarantino, pero es totalmente cierta. Dos ancianas de Los Ángeles (Helen Golay, de 77 años, y Olga Rutterschmidt, de 75) están acusadas de asesinar a dos vagabundos (Paul Vados, de 73 años, y Kenneth McDavid, de 50) después de haberles contratado numerosos seguros de vida (más de doce en el caso de Vados y hasta 23 en el de McDavid) por valor de 3 millones de dólares.

La versión de la fiscalía es que las dos ancianas se hicieron amigas de los vagabundos, les alojaron en unos apartamentos y contrataron un servicio de seguridad para vigilarlos antes de preparar los crímenes.

Vados y McDavid fallecieron en lo que parecieron casos de atropello y fuga en 1999 y 2005, respectivamente. Tras sus fallecimientos, las ancianas reclamaron los cuerpos de los indigentes con el pretexto de ser sus parientes o socios más cercanos y ejecutaron las primas de las aseguradoras, según las autoridades que investigaron el delito.

Conspiración, avaricia y asesinatos

Sin embargo, algunos detalles no cuadraban. Los cadáveres no tenían signos de los golpes propios de una colisión y ambas mujeres habían usado un nombre falso para comprar un automóvil Mercury Sable, en el que se encontraron restos de ADN de McDavid. Por si fuera poco, en la casa de Golay se hallaron frascos vacíos de medicamentos vendidos con receta médica y que relacionan con la combinación de fármacos y alcohol que se detectó en la sangre del cadáver del sin techo.

Otra de las pruebas que tratarán de utilizar en el juicio es una grabación obtenida por la policía tras el arresto de las ancianas, en la que Rutterschmidt increpaba a su amiga, Golay diciéndole: "¿Por qué contrataste todos esos seguros extra? Eres avariciosa, ese es el problema. Por eso me enfado... yo lo hacía todo por tí".

La acusación busca que las septuagenarias sean condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el juicio que comenzó el martes. No pedirá pena de muerte para las ancianas porque con las apelaciones se podría posponer la ejecución hasta 10 años.