Desde la sección sindical de CSIF en el Consistorio puntaumbrieño "no se da crédito a lo ocurrido más aún cuando desde el año 2011, a consecuencia de la crisis económica, se aprobó un plan de ajuste que supuso la eliminación de los derechos socio-económicos de los trabajadores", ha informado CSIF en una nota.

El acuerdo "contemplaba la restitución íntegra" de todos ellos una vez "superada" la situación del Ayuntamiento. En aquel momento -ha asegurado CSIF- "se aceptó este plan bajo la premisa de recuperar los derechos una vez finalizada la crisis, por lo que si el Consistorio ya tiene las arcas municipales saneadas tenemos que negociar la recuperación".

En este sentido, han explicado que "hay que darle voz a los trabajadores con el objetivo de fijar una hoja de ruta para reinstaurar todo lo que se ha perdido desde hace ocho años". En concreto, a día de hoy, "quedan pendientes las ayudas sociales, las ayudas de estudios, los acuerdos colectivos y el plan de jubilación, entre otras cuestiones".

Pero "en vez de abrir el diálogo, el Ayuntamiento ha acordado con un único sindicato aprobar una partida de 120.000 euros en un concepto que ni siquiera ha sido planteado con otras organizaciones ni con los propios trabajadores". Se ha aprobado -ha incidido CSIF- "fuera de todos los foros legales para ello".

Hasta ahora, "la corporación siempre ha negado la posibilidad de recuperar los derechos perdidos por su inviabilidad económica y, de un día para otro, se hace público un acuerdo que es ilícito y parcial, al solo estar incluido UGT, y que supone un montante de capital importante para la corporación", han subrayado.

"Esto nos lleva a pensar que esta operación encierra otro tipo de intereses que nada tienen que ver con el plano laboral", ha lamentado CSIF. De hecho, "la plantilla y el resto de organizaciones tuvimos conocimiento de ella a través de un correo electrónico. Esto un despropósito y refleja la falta de transparencia y el oscurantismo con el que ha actuado el equipo de Gobierno municipal".

Por todo ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha exigido que "se dé voz" a la plantilla municipal y a todos sus representantes legales para negociar a qué se destinan esos fondos. Además, ha pedido un informe oficial que sustente la viabilidad económica de la medida anunciada por el Consistorio para incluirla en los presupuestos municipales y "revestirla de legalidad y seguridad jurídica aprobándola siguiendo los cauces para ello con el objetivo de poder reclamar su cumplimiento íntegro en un futuro".