En concreto, el recurso plantea la impugnación de la declaración de impacto ambiental aprobada el 9 de octubre de 2012, y la impugnación indirecta del acuerdo del Consejo de Gobierno de julio de 2018 por el que se acuerda aprobar definitivamente el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, 2018-2021.
La Plataforma contra el Superpuerto de San Vicente, que aglutina a diversas organizaciones de tipo social, político, laboral, cultural y medioambiental, inicia con este recurso las acciones judiciales para intentar "anular" lo que considera un "despropósito ilegal".
Reprocha a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda que "no ha querido enterarse de que el proyecto Santa Marina ha costado a los barquereños 2.250.000 euros, al declararse completamente contrario a derecho".
La plataforma señala directamente a José María Mazón, consejero de Obras Públicas durante toda la legislatura -ahora candidato del PRC al Congreso-, relevado por su mano derecha en la misma, José Luis Gochicoa, y a este último, como "máximos artífices del proyecto y futuros responsables de cuantas transformaciones se acometan en un espacio protegido para cualquier obra de este tipo".
De este modo, el colectivo advierte nuevamente de las consecuencias que puede acarrear su "empecinamiento" en echar a andar la licitación del "macropuerto". Y les reprocha que, acabada prácticamente la legislatura, firmen el comienzo de los trámites de licitación.
A juicio de la Plataforma contra el Superpuerto de San Vicente, esta gestión "siembra multitud de dudas, toda vez que parece ilógico iniciar este tipo de trámites con el panorama electoral de incertidumbre que se encuentra en el horizonte". "Con el agravante, recalcan, de que precisamente es el exconsejero Mazón el candidato del PRC a las elecciones generales".
Finalmente, desde la Plataforma advierten de "que harán cumplir la ley denunciando a los responsables políticos y técnicos del proyecto hasta que éste sea definitivamente archivado".
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