Un informe elaborado por el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña (UDC), Carlos Aymerich, y encargado por la CIG, concluye que la adquisición pública de las factorías de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias) -sobre las que pesa una amenaza de cierre- es "conforme" al ordenamiento constitucional y legal español y también al derecho comunitario.

Así lo ha explicado, en rueda de prensa, el autor del informe, junto al secretario xeral de la CIG, Paulo Carril; el secretario comarcal del sindicato en A Coruña, Xabier Filgueira; y delegados de la CIG en la factoría coruñesa.

Aymerich ha explicado que existen dos vías desde el punto de vista del derecho comunitario: una adquisición en condiciones de mercado, que no exigiría autorización previa por parte de la Comisión Europea, y otra, sin atender a estas condiciones del mercado, por lo que sería "una ayuda del Estado" y sí requeriría esta autorización.

En el primer caso, la decisión debe estar basada en la rentabilidad económica de la operación, aunque admite, según ha expuesto el autor del informe, ciertas matizaciones como el contexto social, ambiental o sectorial y la inversión en un sector estratégico con una rentabilidad a medio y largo plazo.

En el segundo, la adquisición de las fábricas de A Coruña y Avilés sería considerada como una ayuda pública de reestructuración por lo que, en ese caso, debería estar supeditada a la aprobación de un plan.

UN EJEMPLO, EN CERDEÑA

"No se aboga por nacionalizar sino porque haya una adquisición pública que puede ser parcial para garantizar la continuidad", ha expuesto Aymerich que se ha remitido al caso de la planta de Alcoa en Portovesme, en Cerdeña, cuyo cierre se consumó en 2014 sin aparecer inversores. No obstante, fue aplazado su desmantelamiento hasta 2016 tras el interés de una empresa suiza.

"En el caso de Cerdeña, el Estado italiano la adquiere -la fábrica- y la vende a la empresa suiza con una participación en el capital del gobierno italiano, del autónomo de Cerdeña

y un 5% en

manos de trabajadores".

"Éste podría ser el modelo", ha asegurado Aymerich, quien ha considerado posible una "implicación más activa" del Gobierno y de la Xunta para garantizar la continuidad de las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés.

EL ESTATUTO, UN "BLUFF"

Sobre este informe, que remitirán a la Xunta y al Gobierno central, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha incidido en que "avala la legalidad de una adquisición transitoria de la propiedad de las fábricas a través de la SEPI y que, mientras, se busquen compradores".

Y es que para Carril la mesa industrial constituida por el Gobierno, comunidades autónomas, Alcoa y comités de empresa, "ha fracaso en la búsqueda de una solución definitiva" para ambas plantas.

Mientras, Julio Moskowich, representante de la CIG en el comité de Alcoa en A Coruña, ha considerado "posible la solución italiana" en esta fábrica y en la de Avilés.

"No nos fiamos", ha dicho, a su vez, sobre los posibles inversores que estarían interesados en la planta coruñesa. Al respecto, ha calificado como un "bluff" el estatuto de consumidores electrointensivos y ha reclamado una regulación del sector energético "acorde a las necesidades" de estas empresas.

EL PP, "RESPONSABLE"

Mientras, preguntado por las declaraciones del presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, en la que defendió que el gobierno de Mariano Rajoy ofreció "soluciones" a las plantas con las subastas eléctricas, Moskowich ha dicho que el PP, tanto a nivel estatal como autonómico, "tiene su responsabilidad" al remontar el inicio de los problemas a 2012.

"Quien provocó esta situación fue el Gobierno del PP, y quien es incapaz de resolverlo y tiene atragantado este problema es el PSOE", ha expuesto, a su vez, Paulo Carril.

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