La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia decretó este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, detenido por el supuesto cobro de comisiones a contratistas en el Ayuntamiento de la ciudad.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, Corbín está considerado en la investigación como "el principal implicado", mientras que sobre el otro detenido en la operación Azud, su socio Diego Elum, la jueza ha acordado la libertad provisional y le ha impuesto como medida cautelar comparecencias 'apud acta' ante el juzgado cada quince días y la retirada del pasaporte.

La causa, que está declarada secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se sigue también contra otros investigados no detenidos que están siendo citados para comparecer en dependencias policiales, añade el TSJCV.

Corbín y Elum fueron detenidos el pasado martes en el marco de la operación Azud desarrollada por la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción por una supuesta trama de cobro de comisiones a contratistas del Ayuntamiento de Valencia durante la etapa de gobierno de Rita Barberá, fallecida en 2016, y que fue alcaldesa de Valencia durante 24 años, entre 1991 y 2015.

En la causa también figuran como investigadas doce personas, entre ellas la mujer de Corbín y hermana de Barberá, Asunción Barberá, y sus tres hijas.

Corbín y Elum pasaron este jueves por la tarde a disposición judicial tras permanecer ambos dos días en el cuartel de la Guardia Civil de Patraix, en la ciudad de Valencia.

En ese cuartel comparecieron, también este jueves por la tarde, dos empresarios: Vicente Prieto (de Secopsa) y Carlos Turró (de Cleop), por su supuesta relación con este caso.

Los agentes de la UCO registraron el pasado martes la sede de la Central Operativa de Saneamiento, dependiente de la Concejalía del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, y pidieron facturas relacionadas con Acciona, según fuentes municipales.

Entre las últimas actuaciones como abogado de Corbín está la defensa de la exsecretaria del grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia Mari Carmen García-Fuster, procesada en el marco de la investigación del caso Imelsa por blanqueo de capitales y delito electoral.